La Cámara de Senadores de la Nación, al final de la sesión, convirtió en ley el proyecto de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. La norma declara de interés público a los agricultores familiares, campesinos e indígenas, reconociendo su rol estratégico en la producción de alimentos y en la construcción de la seguridad y soberanía alimentaria.

En el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, Senadores aprobó por unanimidad la ley que ya había sido sancionada el pasado 12 de noviembre por la Cámara de Diputados. “Declárase de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”, reza el primer artículo haciendo alusión a la trascendencia de un sector históricamente invisibilizado.

La ley contempla un capítulo especial que define a la tierra como “un bien social” y establece las pautas para que el Poder Ejecutivo permita el acceso a este recurso natural por parte de los agricultores familiares, campesinos e indígenas. También se prevé la creación de un banco de tierras para ser adjudicadas en forma progresiva. En cuanto a los desalojos, la norma suspende por tres años, “toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares”.

En el proceso de formulación fue vital la articulación del Estado con las organizaciones sociales, quienes participaron activamente de la redacción de la iniciativa. La Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Frente Nacional Campesino, las organizaciones de la Mesa de Agricultura Familiar, Organizaciones de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA); Organizaciones del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA); junto a la Secretaría de Agricultura Familiar, el Foro de Universidades para la Agricultura Familiar, INTA, entre otros; debatieron el proyecto.

“Las Acciones y Programas que se establezcan se orientarán a incrementar la productividad y competitividad en el ámbito rural a fin de fortalecer el empleo, elevar el ingreso de los agricultores familiar, generar condiciones favorables para ampliar los mercados, aumentar el capital natural para la producción y a la constitución y consolidación de empresas rurales”, expresa el artículo 21, en referencia a los procesos productivos y de comercialización. Incluso específica que se instrumentará, a partir de la conservación y mejoramiento de los suelos y demás recursos naturales, con políticas activas y participativas, métodos sustentables y priorizando prácticas agroecológicas. Asimismo, en el mismo artículo se hace referencia a la preservación y recuperación de las semillas nativas. Además, la norma crea el Centro de Producción de Semillas Nativas en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Semillas.

La reparación histórica contempla una serie de instrumentos de promoción para mejorar la sanidad agropecuaria, y se harán descuentos impositivos progresivos para aquellos agricultores que apuesten por el “agregado de valor en origen”. Además, se promoverá la creación de un seguro integral “destinado a mitigar los daños y pérdidas sufridas por fenómenos de emergencia o catástrofe, accidentes laborales, pérdida o robo de animales”. Respecto a la política crediticia, la autoridad de aplicación deberá trabajar con el Banco Nación para la “creación de líneas de crédito específicas, con tasas de interés subsidiadas y garantías compatibles con las características de la actividad”.

La iniciativa contempla en su título VII lo referido a infraestructura y equipamientos rurales, condiciones necesarias para lograr el arraigo y un desarrollo del territorio armónico. En ese sentido, se consideran necesarias articular políticas referidas al derecho habitacional, enfatizando en el diseño de viviendas para que se lleven a cabo “de una manera participativa y con un enfoque bioclimático”. Posteriormente se refiere a la problemática de los residuos, caminos y al derecho al agua.

En cuanto a la educación se promoverá la Formación Técnica Superior y Capacitación en el área Rural, reconociendo las formas propias de aprendizaje y transmisión de conocimientos del sector. En lo concerniente al desarrollo tecnológico y la investigación, instruye a la autoridad de aplicación a “garantizar” la preservación de prácticas y tecnologías propias de las familias organizadas en la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, a fin de fortalecer la identidad cultural, la transmisión de saberes y recuperación de buenas prácticas sobre la producción.

Del mismo modo menciona la necesidad de “Preservar los bienes naturales para las futuras generaciones, promoviendo el desarrollo productivo integral para el buen vivir, en armonía con la naturaleza y preservando la diversidad genética, respetando los usos y costumbres, reconociendo a la familia como el núcleo principal de la producción y de la sostenibilidad productiva a través del tiempo”. Por último, el artículo 24 señala la promoción de “hábitos de alimentación sana y su difusión masiva”.

Respecto a la comercialización promociona la creación de ferias, de “marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de certificación”, además de la prioridad en las contrataciones que realice el Estado a la “compra de alimentos provenientes de establecimientos productivos de los agricultores y agricultoras familiares registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF)”.

Contará con un presupuesto de 1500 millones de pesos para fortalecer un sector estratégico, que será reglamentado por el Ejecutivo. La sanción de esta ley se convierte en un hecho clave en el camino de construcción al derecho a la soberanía alimentaria. Es el reconocimiento a diversos actores del campo, que apuestan por una producción sustentable de alimentos saludables.

www.discofm.com.ar