España va camino de convertirse en uno de los países que más rápido se van a desenganchar del carbón. Un año y medio después del cierre de todas las minas —que eran incapaces de sobrevivir sin unas ayudas públicas que ya están prohibidas por Bruselas—, este martes arranca el proceso de clausura de las centrales térmicas que emplean este combustible.

Siete de las 15 plantas que aún quedan abiertas en España dejarán de estar operativas este 30 de junio debido a que a sus propietarias, las compañías eléctricas, no les salen las cuentas para acometer las mejoras medioambientales para cumplir las normas europeas.

De hecho, varias plantas llevan meses sin generar electricidad porque han dejado de ser rentables por una mezcla de decisiones políticas de la Comisión Europea y de condiciones de mercado.

Además de ser muy contaminantes, las térmicas eran hasta hace solo un par de años responsables de aproximadamente el 15% de todos los gases efecto invernadero de España. En 2018, cerca del 15% de toda la electricidad consumida provino de esas plantas. Pero de eso parece que hace un mundo y este mes de mayo apenas generaron el 1,4% de la electricidad. Además, entre el 1 y el 2 de mayo no produjeron nada, algo nunca visto desde que en 1990 arrancaron los registros de Red Eléctrica de España.

Las siete plantas térmicas que dejarán de operar este martes son: Meirama (en A Coruña), Narcea (Asturias) y La Robla (León) —las tres propiedad de Naturgy—; Andorra (Teruel) y Compostilla (León) —de Endesa—; Puente Nuevo (Córdoba) —de Viesgo—; y Velilla (Palencia) —de Iberdrola—. Sus cuatro propietarias han confirmado a EL PAÍS que el 30 de junio ya no estarán operativas para no incumplir la directiva medioambiental europea que obliga a este tipo de instalaciones a acometer unas obras para limpiar los gases que expulsan a la atmósfera si querían seguir operando más tiempo. Estas siete centrales juntas acumulan 4.630 megavatios, lo que supone un poco menos de la mitad de la potencia instalada de carbón en España.

Las siete —que cuentan con unos 1.100 empleados entre personal propio y contratas— son las primeras, pero no las últimas. Otras cuatro plantas —que suman una potencia de 3.092 megavatios y alrededor de 800 empleados— tienen solicitados los permisos ante el Gobierno para cerrar las instalaciones. Se trata de las centrales de Lada (en Asturias y propiedad de Iberdrola), As Pontes (en A Coruña y propiedad de Endesa), Los Barrios (en Cádiz y propiedad de Viesgo) y Litoral (en Almería y propiedad de Endesa). Fuentes del sector estiman que entre 2021 y 2022 podrán estar clausuradas. Y las otras cuatro —dos de ellas propiedad de EDP— que aún no han solicitado el cierre también tienen un futuro muy complicado.

“Por cómo van las cosas, creo que en 2025 ya no habrá generación con carbón”, explica Tatiana Nuño, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace. “El escenario que manejamos de cierre total es 2025”, coincide Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). Fuentes del sector manejan, incluso, una salida completa todavía más rápida, para dentro de dos o tres años.

Aparentemente, estos cierres no tienen que ver con las políticas emprendidas por el Gobierno. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica ha rechazado unirse a las alianzas de países que se comprometen a fijar un calendario concreto de clausura de este tipo de instalaciones. Este departamento ha preferido mantener un perfil bajo y, finalmente, han sido el mercado y las medidas emprendidas desde Bruselas los que han dado la puntilla al carbón.