La pandemia arrojó cientos de historias de injusticias, sobre todo cuando una frontera se interpone ante una persona. Límites estatales, provinciales y también internacionales han dejado anécdotas amargas sobre personas que quedaron varadas, alejadas de los suyos, sin posibilidades ni de volver ni de quedarse. Y ahora, Pueblo Belgrano suma la suya.
Todo comienza con una familia oriunda de la República Oriental del Uruguay que hace casi 15 años que decidieron venir a vivir a Entre Ríos. Primero en Paranacito, donde tuvieron una hija, y desde hace dos años comenzaron a buscar un mejor presente en Pueblo Belgrano.

En marzo pasado comenzaron los trámites de residencia, pero por culpa de la pandemia el mismo quedó trunco. De pronto, llegó septiembre, y llegó con una mala noticia: la mamá de la mujer y la abuela de la nena había fallecido, por lo que ambas mujeres partieron rumbo a Montevideo para asistir a su entierro. En Pueblo Belgrano quedó el padre de familia, que para ahorrar dinero -del cual no les sobra, sino que por el contrario muchas veces les falta- no asistió al entierro de su suegra.

Pero fue a partir de este hecho cuando comenzó el problema: cuando quisieron volver a Argentina, más precisamente a Pueblo Belgrano, que es donde viven, Migraciones de nuestro país las frenó y les dijo que no podía dejarlas pasar si no se hacían un test de coronavirus, el cual debían abonar la friolera suma de 100 dólares cada uno (30 mil pesos en total tomando la cotización del dolar blue del miércoles 16 de diciembre).

«En este momento, la señora y su hija son dos uruguayos que quieren ingresar a la Argentina, pero que no lo pueden hacer por uruguayos. Pero además porque se les exigen dos tests que vales 100 dólares cada uno para poder pasar, y estamos hablando de personas con bajos recursos. Es migraciones del Gobierno argentino el que exige esto», informó el ex juez Eduardo García Jurado, en Radio Cero (FM 104.1).

«Este es un caso excepcional porque son personas que ya viven en Argentina. Hay una certificación por parte del Área de Salud de Pueblo Belgrano que indica que van a ser aisladas, que van a ser atendidas, pero que las dejen pasar», agregó antes de pegarle duro al organismo migratorio argentino: «La mentalidad burocrática no hace una diferenciación a un caso concreto, y entonces el Gobierno argentino, a través de Migraciones, no es capaz de ejecutar el principio de equidad, pegándole fuerte a las personas humildes, que deberían estar ya acá y reiniciando el trámite de residencia».

Lo cierto es que hace tres meses que esta madre y esta hija no pueden volver a su casa en Pueblo Belgrano, son una mujer que hace un trimestre que no ve a su pareja y es una hija que no ve a su padre en el mismo lapsus de tiempo. Dos veces viajaron desde Montevideo hasta Fray Bentos, y en ambas veces fueron rechazadas con desdén sin escuchar su historia, o en caso de haber sido escuchadas, sin despertar la compasión de algún burócrata que las dejó nuevamente lejos de su hogar.

«El padre de la nena sigue en Pueblo Belgrano, ha recibido asistencia alimentaria por parte del Area de Acción Social de esa localidad, pero no tiene residencia. Es una injusticia total contra dos personas vulnerables económicamente y que afecta a los derechos de la niña», lamentó García Jurado, quien suplicó publicamente al Consulado argentino en Fray Bentos que tome cartas en el asunto para que esta mujer y su hija no deban pasar las fiestas lejos de su hogar.