Los empleados estiraron el cierre todo lo pudieron, pero un día tuvieron que bajar la persiana y aún no la levantaron nuevamente. En más, se bloqueó el servidor digital para cobrarle las cuotas adeudadas a los acreedores.

En Gualeguaychú, la semana pasada Garbarino cerró sus puertas y cinco trabajadores están atravesando un momento de angustia e incertidumbre por su futuro laboral.

Hugo Bruzzoni, secretario general del Sindicato de Comercio de Gualeguaychú, expresó que hasta la «anterior crisis, la sucursal local tenía siete empleados. En ese momento, dos aceptaron un retiro y acordaron su desvinculación con la empresa. Quedaron cinco empleados hasta ahora».

En este marco, «un trabajador intimó a Garbarino por la falta de pago de sus salarios -en algunos casos más de dos meses y el medio aguinaldo- y se consideró despedido con causa. En tanto, el resto de los empleados no iniciaron ninguna acción y quedaron a la espera de lo que ocurra con la firma», indicó Bruzzoni al portal R2820.

Ocurre que el escenario para la mayor cadena de venta de artículos electrodomésticos de Argentina, propiedad del empresario Carlos Rosales, es cada día más crítico, con un pasivo que se incrementa velozmente y con gran la cantidad de locales cerrados, faltante de mercadería y una conflictiva situación con sus casi 4 mil empleados que no perciben normalmente sus haberes».

Según precisó Bruzzoni esta semana «habría un inversor que buscaría el salvataje de la empresa». Rosales afirma que «hay varios interesados en ingresar como accionistas de Garbarino». De hecho, el miércoles 21 habrá una nueva audiencia entre la empresa y el sindicato de Comercio en la sede del Ministerio de Trabajo para, precisamente, acercar posiciones y tratar de llegar a un acuerdo.

Los cuatro empleados comentaron al gremio que «se cayó el servidor con el que podrían cobrarle a los clientes las deudas de productos comprados en cuotas. No tenía sentido tener las puertas abiertas sino se pueden realizar operaciones ni saldar créditos».
Además, Bruzzoni confirmó que los trabajadores rechazaron hacer alguna presentación judicial para «evitar el desguace de la empresa o que se lleven la mercadería existente» para que -en todo caso- eso les sirva para cobrarse lo adeudado en los sueldos. Ellos no aceptaron esa medida», puntualizó.