Presentado ayer al mediodía por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en un acto en Casa Rosada, el proyecto propone la modificación de la actual Ley 27.437, sancionada en 2018, que «tiene grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo».

Los principales objetivos del proyecto son promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas; generar un aumento en el empleo; promover inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades tecnológicas y productivas; y estimular y regular el rol de las compras públicas en la innovación y en el agregado de valor en sectores estratégicos.

De este modo, se espera aumentar la producción nacional; generar mayor empleo en las empresas proveedoras del Estado; aumento de la inversión en Desarrollo e Innovación (I+D+i de empresas alcanzadas por las compras para la innovación); impacto federal positivo en empresas proveedoras de todo el país; desarrollo de proveedores en sectores estratégicos como hidrocarburos o minería; y crecimiento de nuevos sectores productivos vinculados a la demanda del Estado.

De acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Productivo, se espera que el impulso a las compras estatales genere un impacto económico de 30.000 nuevos empleos privados, $ 40.000 millones adicionales de inversión en investigación, desarrollo e innovación al año y US$ 500 millones de ahorro de divisas anuales.

Entre las principales modificaciones de la actual Ley se propone ampliar el alcance de la ley a nuevos sujetos, entre ellos el Pami, para promover la compra de medicamentos nacionales; crear la herramienta de compras públicas para la innovación; establecer herramientas de alto impacto que estimulen el desarrollo de la industria nacional; y promover el desarrollo de la industria nacional a través de las compras públicas en sectores estratégicos.

Asimismo, se prevé ampliar el alcance de los acuerdos de cooperación productiva (ACP) y mejora del funcionamiento de la herramienta; garantizar el acceso a información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local; y la creación de un fondo fiduciario público para el Compre Argentino, para mejorar las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas.

También se proyecta promover la articulación entre oferentes locales y organismos contratantes; y fortalecer el plan de desarrollo de proveedores nacionales.

Para impulsar una mayor participación del sector productivo nacional y de las MIPyMEs en particular, se elevarán los márgenes de preferencia (diferencia de precio que puede tener una empresa nacional) con la siguiente estructura: de 15% a 20% para MiPyMEs y de 8% a 15% para el resto.

En el caso de ofertas de origen no nacional, se eleva el margen de preferencia a 1,5% por cada 5 puntos porcentuales en el caso de integración local con un máximo de 12%.

En tanto, para las empresas que promuevan la perspectiva de género y tengan composición mayoritaria de mujeres u otras identidades no binarias (en capital social y puestos jerárquicos y en el plantel general de la empresa) habrá un margen adicional de 3%.

Por otra parte, se potenciará la herramienta de “first refusal” que les da la posibilidad a las PyMES de hacer una nueva oferta en caso de no ganar la licitación para que tenga nuevas oportunidades.

Las compras públicas -bienes y servicios que realiza el Estado Nacional, sus organismos o las empresas públicas- representan alrededor del 13% del PBI, por lo que tienen un peso significativo en la economía nacional.

El 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y el 97% de esas empresas proveedoras son PyMES, lo que refleja la importancia del impulso de las compras públicas nacionales como herramienta estratégica para el desarrollo local.

La mayoría de los países industrializados usan a las compras públicas como herramienta para el desarrollo como el programa Buy American en Estados Unidos, el PPS en Corea del Sur, Lei do Bem en Brasil, Compras TED en Alemania e Industrial Cooperation Authority en Israel.

De hecho, existen numerosos casos de tecnologías que han sido desarrolladas gracias al poder de compra estatal: el desarrollo de las principales tecnologías utilizadas en los celulares proviene del poder de compra del Estado y puntualmente en Argentina las compras estatales impulsaron a empresas como Techint, Impsa y Sinergium Biotech.