La COPAL expresó su «profunda preocupación» sobre la posición crítica en la que quedará la Argentina frente a sus pares del Mercosur, en caso de aprobarse la iniciativa.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la COPAL, dijo que «todo este proceso deja en evidencia la dificultad de mantener un debate con coherencia cuando hay un prejuicio ideológico por encima de la necesidad de informar certeramente al consumidor, lo que llevaría a una ley apresurada, sin reales beneficios».

«Se han resuelto de manera unilateral cuestiones estratégicas para la integración productiva y la proyección de nuestros mercados», alertó Funes de Rioja.

Por su parte, la AmCham advirtió que esa iniciativa generará «obstáculos al comercio y la producción».

También cuestionó que impondrá un sistema «punitivo e inequitativo» en la comercialización de alimentos.

La sesión para tratar la ley fue convocada para este martes pero en el oficialismo admiten que el quórum no está garantizado.

La cámara de empresas estadounidenses consideró que «se puede legislar mediante una norma que cumpla con dichos objetivos, pero evitando la generación de obstáculos al comercio, a la producción y a las economías regionales afectadas».

«Creemos que el gran obstáculo en el proyecto es que pretende imponer un sistema de advertencia que se transforma en un modelo punitivo, confuso, parcial e inequitativo», dijo la entidad.

La cámara fundamentó su crítica en que «el 92% de los alimentos que se comercializan en la Argentina serían discriminados negativamente y sin destacarse los aportes positivos que conllevan, como fibra y demás propiedades que, por ejemplo, resaltan las actuales guías alimentarias disponibles».

Diputados prevé debatir este martes el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que ya tiene media sanción del Senado.
La iniciativa promueve un etiquetado que advierte sobre excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en los productos alimenticios.

La AmCham señaló que el criterio del perfil nutricional del proyecto es el pautado por la Organización Panamericana de la salud (OPS).
Señaló que «ningún país ha establecido dicho perfil, sino que aplicado en forma directa a productos individuales, lleva a inconsistencias que confunden al consumidor y resultarán absolutamente inequitativos».

Consideró que el proyecto «no debería» seguir las recomendaciones de la OPS, «sino adaptarse a la realidad local, y ser definido por la autoridad sanitaria argentina, acorde a los hábitos y costumbre alimenticias, como ocurre en Chile y México».

Sostiene que la OPS «no sólo impone límites extremadamente exigentes, tampoco plantea ningún tipo de flexibilidad o gradualidad en la aplicación de los sellos negros», que indican a los alimentos de menor calidad.

La declaración de la AmCham advierte que en el proyecto «hay una simplificación en la cual se busca el no consumo de ciertos alimentos, dejando de lado la posibilidad de educar en torno a la temática en cuestión».

Considera que el proyecto debería armonizarse con los otros países del Mercosur y alerta que prohíbe «otras menciones nutricionales, así como está definido en la norma y no permite comunicar al consumidor productos enriquecidos o fortalecidos con vitaminas, minerales o fibra».

Consideró también que el plazo de 180 días que otorga el proyecto para adaptarse a la ley es «exiguo» y señaló «los procesos de adaptación y transición llegan hasta los 2 años».

Tras señalar que en el mundo hay sistemas mejores, sostiene que «la discusión no pasa por ser conformista y aceptar mansamente el aparente consenso de las organizaciones ambientalistas, nutricionistas o de consumidores imponiéndose sobre el poder económico de la industria».

La AmCham sostuvo que los diputados tienen la oportunidad de establecer un sistema de etiquetado «estableciendo un equilibrio racional entre los intereses de la industria que los procesa y genera empleo de calidad, y una sociedad buscando la mejor información simple y sencilla para su decisión de compra y posterior consumo».