La jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco presentó hoy su renuncia al cargo a partir del próximo 1 de noviembre, según publicó oficialmente el Centro de Información Judicial (CIJ).

La única mujer en la actual conformación del máximo tribunal superó los 75 años de edad, tope fijado por la Constitución Nacional reformada en 1994 para ejercer la magistratura, pero continuaba en el cargo gracias a una medida cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y consentida por el gobierno de Mauricio Macri.

«Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año», expresó la magistrada en una misiva dirigida a Alberto Fernández, fechada el pasado 30 de septiembre.

La carta fue publicada en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ).
Ese día, el 30 de septiembre, se produjo la votación -de la que ella no participó- en la que Horacio Rosatti fue ungido como nuevo presidente del máximo tribunal.

Highton de Nolasco quedó ofuscada por el procedimiento y por la decisión de sus colegas de desoír su pedido para que se postergara la votación, habida cuenta de que su colega y aspirante también a la presidencia, Ricardo Lorenzetti, estaba participando de un foro internacional y se había excusado de intervenir en el Acuerdo Extraordinario.

Hasta ese día, Highton ejerció la vicepresidencia de la Corte, cargo del que fue desplazada por su colega Carlos Rosenkrantz.

Esa permanencia en el cargo le valió no sólo cuestionamientos internos en el Poder Judicial sino también una causa penal en la que está denunciada junto con Rosenkrantz; el ex ministro de Justicia durante el gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, y el ex asesor presidencial en material judicial del ex presidente Macri, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, hoy prófugo de la Argentina y residiendo en Uruguay.

La denuncia fue presentada por la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, una organización encabezada por los abogados Federico Gustavo Méndez y Pablo Gastón Llopart.

Pese al hermetismo en su vocalía, fuentes de la Corte explicaron que en la decisión de Highton de Nolasco influyeron no sólo esos cuestionamientos sino también un pedido familiar a raíz de situaciones privadas.