El intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y otras diez personas fueron imputados en una causa por delitos de corrupción que derivó en el allanamiento de 18 propiedades y el secuestro de cuatro vehículos y una importante cantidad de dinero, mientras los senadores provinciales otorgaron media sanción a la intervención de ese municipio norteño.

Fuentes del Ministerio Público informaron que la Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos y el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, imputó a 11 personas en Salvador Mazza, en tanto una contadora fue citada a audiencia de imputación en la capital salteña.

Las acusaciones fueron el resultado de una investigación que venía desarrollando la Unidad Fiscal, con el apoyo de los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y que derivó ayer en el allanamiento de la municipalidad de Salvador Mazza, el domicilio de Méndez y otros 16 inmuebles.

En los allanamientos, los investigadores del CIF, que contaron con el apoyo de fuerzas provinciales y federales, incautaron un total de U$S854.178; 9.070 euros; y $34.342.350, además de dos automóviles marca BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

Durante la audiencia, los once imputados se presentaron con abogados particulares y todos se abstuvieron de declarar, menos el intendente Rubén Méndez Salazar, quien expuso brevemente sin aceptar preguntas, y aseguró que puede demostrar cómo adquirió el dinero y los vehículos.

Méndez fue imputado por enriquecimiento ilícito; peculado en tres hechos, en calidad de coautor; peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Su hija, Ivanna Méndez, fue acusada por enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesaria, y asociación ilícita; mientras que el hijo del jefe comunal, Roque Méndez, fue imputado por enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesario; peculado en dos hechos, en calidad de partícipe necesario y asociación ilícita.

La expareja de Méndez, Susana Angelita Palacio, quedó acusada por enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesaria, y asociación ilícita, mientras el hermano del intendente, Juan Marco Méndez, fue imputado por peculado en dos hechos, en calidad de coautor, y asociación ilícita, igual que el secretario privado del intendente, Oscar Rodolfo Gutiérrez. Jesús Manuel Gijena, hermano de la pareja actual de Méndez, fue imputado por peculado, en calidad de coautor, y asociación ilícita.

El secretario de Hacienda de la comuna, Roberto Justo Balverdi, quedó imputado por peculado en dos hechos, como partícipe necesario, y asociación ilícita, y Roberto Orellana, secretario de Obras Públicas, fue imputado por peculado de servicios y trabajos, como coautor, y asociación ilícita.

La pareja de Méndez, Ángela Paola Beatriz Gijena, quedó imputada por asociación ilícita, igual que el sobrino del intendente, Jesús José Antonio Reinoso Méndez.

Los voceros indicaron que Méndez aumentó considerablemente sus activos patrimoniales desde que asumió como intendente, lo cual denota una situación anormal considerando sus ingresos legales, y adquirió a título propio y por interpuestas personas un inmueble y cuatro vehículos de alta gama, registrados a su nombre, los de sus dos hijos y de su expareja.

Las fuentes indicaron que ni los hijos ni la exmujer tienen capacidad patrimonial y financiera para realizar esas erogaciones, por lo que fueron imputados provisionalmente por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipes necesarios.

En cuanto al peculado, como coautores fueron acusados Méndez, su hermano, su secretario privado y Gijena, mientras que como partícipes necesarios fueron imputados Balverdi y Roque Méndez, quienes teniendo a su cargo el manejo y cuidado de fondos públicos conforme las funciones respectivas de cada uno ellos, sustrajeron caudales públicos, causando un perjuicio patrimonial al Estado, según la acusación.

Por la asociación ilícita, el intendente fue imputado como jefe organizador, y el resto figuran como miembros, con división de tareas, con permanencia y de manera organizada para cometer ilícitos en contra de la administración pública.

Salvador Mazza está a 410 kilómetros al norte de Salta Capital, en la frontera con Bolivia, y Méndez fue imputado el 24 de febrero pasado por malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en grado de autor, detallaron los voceros.

La Cámara de Senadores de Salta le otorgó hoy, por unanimidad, media sanción al proyecto de ley para la intervención del municipio, enviado por el Poder Ejecutivo provincial. Ahora pasó a la Cámara de Diputados, en revisión.

«Estamos convencidos que la urgencia y la gravedad de esta crisis ameritaba la decisión que adoptó el gobierno y que ha sido acompañada por la Cámara de Senadores, y esperamos el tratamiento en Diputados», expresó el senador Jorge Soto.

Méndez, reelecto en 2019 por el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, ha sido denunciado por violencia de género y otros delitos, e incluso llegó a ser destituido por el Concejo Deliberante local, por lo que apeló a la justicia provincial.