El presidente Alberto Fernández anunciará este miércoles el envío al Congreso de un proyecto de ley para crear un monotributo gratuito y formalizar a 4,5 millones de personas. Es una nueva medida con el objetivo de incluir a los trabajadores informales para garantizar el acceso a la salud y jubilación, dado que según dijo una alta fuente a este medio «el monotributo social no logró significativamente su cometido».

El monotributo social se había propuesto crear un mecanismo para que pequeños emprendedores que trabajan en la marginalidad pudieran percibir los beneficios de estar en la economía formal. La medida tuvo algunos resultados, pero el objetivo de inclusión no se cumplió en gran magnitud.

Emilio Pérsico, secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, confirmó el martes en declaraciones radiales: «hay que hacer un blanqueo, mañana va a haber un gran anuncio» y agregó: «buscamos un monotributo totalmente gratuito».

¿De qué se tratará este nuevo sistema? La principal modificación será que por la creación de esta nueva categoría no continuará el monotributo social, será reemplazado.

Los contribuyentes que estén inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) tendrán monotributo gratuito por dos años con acceso a jubilación y salud. Después de ese período deberán pagar el 50% del componente previsional.

En el proyecto de ley trabajaron en conjunto el ministerio de Economía, Desarrollo Social, Trabajo y Salud con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en búsqueda de beneficiar a personas que desarrollen actividades en el marco de la economía popular.

Específicamente a vendedores ambulantes, personas que trabajan en comedores comunitarios, feriantes, artesanos, cartoneros y recicladores, pequeños agricultores y trabajadores de la construcción. Actualmente, hay 367.000 monotributistas sociales inscriptos según el Ministerio de Trabajo, que abonan $704,44 cada mes.

Eco Go calculó para El Cronista que el costo para el Estado de esta medida estará en torno a $13.500 millones si «se incorporan efectivamente las 4,5 millones de personas y se asume que el gasto por persona es de $2500 que es lo que paga una categoría B en concepto de aporte al SIPA y obra social», explicó Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora.

Pérsico detalló: «Los costos de estar en blanco son muy altos, es limitada la cantidad de monotributistas sociales, en ese caso el Estado paga las obras sociales. Buscábamos un monotributo totalmente gratuito para que se pueda hacer masivamente».

Según adelantó el referente del Movimiento Evita, el mismo proyecto prevé la entrega de créditos subsidiados para la economía popular a través de un fideicomiso con garantía pública, con la idea de que haya preferencia para que la economía popular, como las cooperativas, participen del compre argentino y sean proveedoras del sector público.

Esta reforma se suma a los incentivos como el decreto que permite contratar a beneficiarios de planes sociales y lograr una reducción de las contribuciones patronales, y a los anuncios de programas de estímulo al consumo que tienen como objetivo inyectar plata en el bolsillo a los sectores medios y bajos.

«Este tipo de contratos no hace más que desprestigiar al Monotributo, convirtiéndolo en un instrumento que solo sirve para esconder una relación de trabajo hecha y derecha. Estamos acostumbrados a encontrar empleados públicos a los que obligan a facturar para liberarse de muchas obligaciones que les corresponderían como empleadores a quienes los contratan», apuntó Iván Sasovsky, socio fundador y CEO de Sasovsky & Asociados Realizar

Y concluyó: «Lo único que queda claro es que se necesita una reforma de fondo que permita generar trabajo genuino en vez de más «falsos» pequeños contribuyentes».