Siempre regresa el doble comando que impone el kirchnerismo. Obligado por ley a responder al pedido de más seguridad por parte de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el presidente Alberto Fernández envió refuerzos de la Gendarmería pero aplicó el doble discurso: le enrostró por carta que no estaba obligado a garantizar «más seguridad a la región», en claro gesto a los mapuches violentos y a parte del kirchnerismo duro que simpatiza con esa causa.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también avaló la teoría de que el envío es sólo parte de una «colaboración» graciosa con la provincia y que no estaba obligado, aunque la ley de seguridad interior lo obliga.

El conflicto mapuche hace jugar con fuego al Presidente. El manejo ideológico puede profundizar la debacle electoral en las provincias afectadas: Río Negro, Neuquén y Chubut. En todas ellas, el Frente de Todos perdió en las PASO del 12 de septiembre y podría empeorar en las elecciones del 14 de noviembre por las imágenes de fuego y vandalismo mapuche.

En la madrugada del miércoles, en el Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón, se produjo el último atentado terrorista de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), con amenazas incluidas para la gobernadora y el intendente del lugar.

Alberto cumple con la ley, pero proclama que no debería hacerlo

La reacción del Presidente este jueves no ayudó a mejorar la empatía con los rionegrinos. En la carta de respuesta al pedido desesperado de envío de la Gendarmería de la gobernadora Carreras, Alberto Fernández dijo que “no es función del Gobierno brindar más seguridad en la región”. Todas las leyes lo contradicen: es su obligación como gobernante.

Y es por eso que le aclaró que de todos modos le enviaría la ayuda aunque como “colaboración” voluntaria con la provincia. Y le recomendó crear un cuerpo especial de la policía de Río Negro para ese conflicto. Es un caso sugestivo: el Presidente cumple con la ley proclamando que no debería hacerlo para conformar a la tribuna de los sectores más radicalizados del Frente de Todos.

En su artículo 23d, la ley establece que el empleo de las fuerzas federales de seguridad nacionales en cualquier provincia debe prestarse “cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada”. Y que el gobernador “podrá requerir al Ministerio del Interior el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a fin de dominar la situación”.

Pero curiosamente el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo a los periodistas este jueves en la Casa Rosada que esa ley no le permite enviar a los gendarmes a la provincia.

La gobernadora Arabela Carreras le había reclamado al Presidente ayuda de la Gendarmería con dramatismo: “No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde”, planteó el día anterior la mandataria rionegrina a Aníbal Fernández.

La defensa de Bielsa a Jones Huala en Chile desmadró el conflicto

La situación comenzó a desmadrarse la semana última cuando trascendió que el embajador argentino ante Chile, Rafael Bielsa, defendió al líder de la RAM Facundo Jones Huala, detenido allí por terrorismo, y pidió su libertad condicional. Bielsa se escuda en que está obligado a dar asistencia consultar.

Tras la intervención de Bielsa se produjo el incendio en la madrugada del miércoles en el Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón. El hecho incluyó una amenaza en papel con letras recortadas de diarios y revistas: «Benetton, Lewis, Arabela, Pogliano. El agua y la tierra no se venden, se defienden». Arabela es la gobernadora y Bruno Pogliano es el intendente de El Bolsón.

El terrorismo es un delito federal que requiere intervención de la justicia federal y de hecho en Río Negro y Chubut ese fuero investiga diversos hechos de la RAM y otras organizaciones mapuches. Por lo tanto, la prevención y represión de ese delito les corresponde a las fuerzas federales de seguridad, pese a que el Gobierno lo niega.