Al filo del vencimiento de la Ley 26.160, el oficialismo avanzó con la prórroga en la comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras que la oposición presentó un dictamen de minoría propio.

En un clima tenso, Juntos por el Cambio cuestionó que el Gobierno nacional vaya a renovar el plazo de la norma por decreto de necesidad y urgencia en paralelo a su discusión en el Congreso nacional, y desde el Frente de Todos contestaron que quedan apenas seis días para que expire la vigencia de la ley y que ya no queda tiempo suficiente para aprobarla antes de esa fecha tope.

Como primera oradora del debate, la chaqueña Lucila Masin (Frente de Todos) destacó que la Ley 26.160 «es la primera y única política pública que trata el derecho» de los pueblos originarios, y su prórroga es necesaria «para que podamos avanzar con el relevamiento» que ya se efectuó sobre 998 comunidades, quedando pendientes otras 762.

A su turno, la kirchnerista salteña Alcira Figueroa destacó que en el país «hay más de 300 conflictos territoriales» y «esta ley viene a ser una respuesta inmediata del Estado para frenar los desalojos y conflictos».

Por su parte, el chubutense Gustavo Menna (UCR) explicó que Juntos por el Cambio no iba a acompañar el dictamen del oficialismo porque estaba en desacuerdo con «entrometerse en las decisiones de otro poder» al «suspender sentencias de desalojo» de la Justicia.
También consideró que hay que contemplar «el derecho a ser oído que tiene el propietario que eventualmente puede ser desalojado».
El opositor criticó la decisión del Gobierno de adelantar la prórroga de la ley por DNU, y señaló que no existe «circunstancia excepcional» que justifique tal accionar.

«¡Se la han pasado gobernando por decreto!», se quejó, y señaló que es «un papelón y una falta de respeto al Congreso y nuestra investidura».
El presidente de la comisión, Carlos Heller (Frente de Todos), fue el encargado de responderle: «¿Realmente usted cree que estamos en condiciones de convocar a sesión antes del 23 de noviembre, día que cae la ley? Nadie está diciendo que vamos a reemplazar la ley con un decreto».

El neuquino del PRO David Schlereth advirtió que hay grupos violentos «se han aprovechado» del «sesgo» con que es aplicada la ley para generar «caos y usurpaciones ilegítimas» en el sur del país.

En la misma sintonía, el chubutense Ignacio Torres (PRO) denunció que los grupos violentos están «avalados y financiados por sectores de este Gobierno».

En tanto, la salteña oficialista Lía Caliva calificó como «una vergüenza que en el año 2016 solo hubo 7 relevamientos y 10 en el 2017», mientras que «en plena pandemia, en 2020, hubo 48».

La ley fue sancionada en 2006 y extendida por cuatro años más en 2009, 2013 y 2017.

La comisión de Presupuesto también emitió dictamen favorable al régimen regulatorio del cannabis medicinal y cañamo industrial, aunque en este caso con el apoyo unánime de oficialismo y oposición.

La iniciativa quedó lista para ser votada en el recinto, ya que el martes había sido dictaminada en la Comisión de Agricultura y Ganadería, a la que concurrió para defenderla el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.