En el foro abordaron la evolución de las actividades primarias impactadas por la sequía de este verano y los medios generados para asistirlos luego de la declaración del Estado de Emergencia Agropecuaria en la provincia que dispuso el gobernador Gustavo Bordet.

“Queremos ser parte del cambio cultural en el sector agropecuario para que, en el futuro, los daños de los eventos climáticos puedan superarse a través del cobro de una póliza de seguro. Trabajamos muy fuerte en ese sentido junto a las organizaciones del agro y los expertos del Instituto del Seguro”, sentenció el ministro de Producción, Juan José Bahillo, en el marco de un nuevo encuentro de la Comisión de Emergencia Agropecuaria que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones.

Bahillo ponderó la batería de medidas dispuestas por mandatario, quién en enero se reunió con los dirigentes del campo y, como dijo, en menos de 48 horas gestionó una línea de créditos por 800 millones de pesos garantizada por el Estado entrerriano y a tasa subsidiada, incluso de cero en el primer año.

En el tramo donde se abordó la cuestión fiscal, Balay subrayó que “en Entre Ríos no hay presión fiscal, el Impuesto Inmobiliario Rural se ajusta por índice inflacionario como pidió el gobernador e incluso viene con un año de atraso; y, por otra parte, el 93% de los productores está exento de pagar Ingresos Brutos”. Sostuvo que la cartera económica provincial se encuentra abierta a recibir propuestas por parte del sector para diagramar el Impuesto Inmobiliario Rural. Los ministros sumaron a sus equipos políticos a la reunión, entre los que se contaron Lucio Amavet, secretario de Agricultura y Ganadería, Germán Grané, titular de la Agencia Tributaria de Entre Ríos y los directores de Agricultura y Ganadería, Carlos Toledo y Exequiel Albarenque.

La presentación de las declaraciones juradas por parte de los productores incluidos en la Emergencia, la quita del impuesto de la Ley 4035 para el sector, y los planes de pago disponibles para cancelar deudas impositivas con la Provincia; fueron parte central de las conversaciones entre autoridades y dirigentes de la actividad privada.

Bahillo afirmó en ese contexto: “Sabemos muy bien que la sequía que azotó a Entre Ríos durante enero se traduce en una baja en la producción y que el escenario actual mejoró, pero muy sensiblemente. Es por ello que desde el Estado provincial continuamos trabajando en conjunto con las entidades rurales, el Gobierno nacional y organismos con INTA y Senasa para consensuar las mejores herramientas para hacerle frente a esta difícil situación”.

Al abordar el diseño de una póliza de seguro que cubra las inversiones en capital de trabajo que realizan los productores en las principales cadenas de valor, desde el Instituto del Seguro dieron a conocer las variantes en estudio, para dar la mayor protección posible. “Nuestro objetivo es ejecutar una política de Estado para dejar atrás la Emergencia Agropecuaria; con un seguro bien aplicado los productores deben estar tranquilos con que su trabajo está protegido. A esa situación debemos llegar con el aporte de todos los sectores involucrados”, determinó Bahillo.

Desde Federación Agraria, Elvio Guía puso en valor el ámbito de debate para avanzar en estrategias que asistan al sector, reclamó celeridad en los trámites para inscribir a los productores en la Emergencia y en las entidades bancarias para acelerar los trámites. Por su parte, el titular de la Cooperativas Agropecuarias Federadas, Juan Adolfo Balbi, determinó: “Las inversiones en el campo son muy importantes y determinantes; de manera que el productor tiene que incorporar los seguros en su esquema de trabajo y esto tiene que suceder con el acompañamiento del Estado”.
El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales (Farer), José Colombatto, destacó “la oportunidad de hablar claramente con el gobierno de la Provincia, en especial durante esta coyuntura donde la actividad está castigada por el clima”.

Además de los mencionados, en representación de Farer participaron Matías Martiarena, Nicasio Tito y Juan Carlos Basaldúa; por la Federación Agraria Argentina, Alfredo Bel; en representación de la Federación Entrerriana de Cooperativas, Gonzalo Álvarez Maldonado. Por la Sociedad Rural Argentina; Juan Diego Etchevehere y Beltrán Benedit y por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Héctor Martínez.

Se sumaron los legisladores Néstor Loggio y Francisco Mochio; Guillermo Vicente y Maximiliano Villone de INTA y Senasa, respectivamente; y Carlos Retamoza de la Secretaría de Agricultura Familiar.

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