De ese modo, la Comisión Nacional de Emergencia y/o Desastre Agropecuario dio cuenta de los perjuicios de la sequía que acechó a la región entre diciembre y enero. Así, los productores de las cadenas productivas primarias contemplados en la emergencia provincial serán alcanzados por los beneficios nacionales que se materializan en asistencia para recuperar capital de trabajo.

El ministro de Producción, Juan José Bahillo, definió: “Dimos un detallado análisis de la situación, con fotografías, datos precisos que incluyen estimaciones de pérdidas, en especial en las actividades agrícolas, pecuarias y frutihortícolas. La información surgió del trabajo propio del gobierno, junto a INTA y la Bolsa de Cereales”, definió Bahillo.

La Ley Nacional de Emergencia contempla la implementación de una prórroga del vencimiento del pago de los impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta, y a los Bienes Personales mientras dure el período de emergencia. Además, activa el plan de emergencia estipulado en el programa permanente de deuda exigible con un plazo de hasta 48 cuotas, suspende el plazo de la emergencia la iniciación de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados por los contribuyentes incluidos en el decreto; los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado y cuando se produzcan ventas forzosas de hacienda se podrá deducir el 100% de los beneficios derivados de esas ventas en el Impuesto a las Ganancias.

De manera remota, en representación del gobierno provincial participaron Lucio Amavet, secretario de Agricultura y Ganadería, junto a los directores de Agricultura y Ganadería, Carlos Toledo y Exequiel Albarenque.

La asistencia se suma a lo ejecutado por el gobernador Gustavo Bordet, tal el caso de prórrogas impositivas y asistencia financiera con garantía del Fondo de Garantías de Entre Ríos.