Con los derechos de exportación fuera de agenda en el Congreso Nacional, el campo buscará eliminar las retenciones por la vía judicial. El gremialismo rural considera que tras la caída del Presupuesto 2022, este impuesto es inconstitucional. Por el lado de los exportadores, sostienen que si bien el Gobierno perdió la facultad de incrementar los porcentajes, puede cobrar. Para este año, se espera que el complejo agroexportador ingrese a las arcas fiscales el equivalente en pesos a más de USD9.000 millones.

En este contexto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó este lunes un recurso de amparo. El principal argumento de los ruralistas radica en la falta de aprobación del Presupuesto 2022 y el vencimiento del plazo establecido por la Ley de Emergencia Pública, que establecía los montos máximos para los derechos de exportación. La presentación se realizó ante la Justicia Federal de Córdoba, en conjunto con la Sociedad Ruralde la localidad cordobesa de Jesús María.

Sin lugar en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso, la entidad puso primera y avanzó en esta instancia judicial. “Recurrimos a un amparo después de haber exhortado al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde el 8 de enero pasado, cuando advertimos que no hay sustento reglamentario para el cobro del impuesto”, sostuvo Nicolás Pino, presidente de la SRA

Los ruralistas argumentaron que a partir del 1° de enero, no existe una ley que justifique el cobro de los derechos de exportación. «Hasta que no se discuta en el Congreso, es inconstitucional», argumentó el directivo. Por el momento, solo reclamaron que finalice el cobro de este impuesto y no solicitaron que se aplique un retroactivo.

En la vereda opuesta, fuentes del sector exportador consultadas por este medio reconocieron que a pesar de la caída del Presupuesto 2022 y de la Ley 27.451 – que impide al Ejecutivo incrementar los porcentajes del tributo- el artículo 755 del Código Aduanero permite que el Gobierno siga percibiendo este impuesto en sus niveles actuales.

Esta línea de razonamiento implica que la Casa Rosadaperdió la posibilidad de subir retenciones hasta los topes que tenía -15% en trigo, maíz y carne, entre otros- o de modificarlas a la suba, como en soja. En la actualidad, el poroto tributa 33%, sus derivados 31%, trigo y maíz12% y carne vacuna 9%.

Las retenciones al complejo agroexportador es uno de los puntos que más roces genera entre el oficialismo y el sector agropecuario. Más allá de los pedidos de la Mesa de Enlace y el Consejo Agroindustrial Argentino(CAA), solo se rebajaron y eliminaron en producciones de economías regionales.

En esta instancia, la postura de Economíaes no presentar medidas que puedan alterar el balance fiscal, ante la necesidad de recomponer el nivel de reservas del Banco Central. En 2022, la cámara baja empezó a tratar tres proyectos de ley vinculados al sector. El más destacado será la ley de fomento al desarrollo agroindustrial, elaborado en conjunto entre la Casa Rosaday el CAA.