El presidente Alberto Fernández inauguró este martes las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que arrojó varias novedades al panorama económico. Entre ellas, la elaboración de una fórmula de actualización para las tarifas de los servicios públicos. El cálculo en cuestión se basará en un proyecto elaborado por Sergio Massa, convertido en ley y vetado por el Ejecutivo en el 2018. Esa iniciativa marcaba como tope para los aumentos el coeficiente de variación salarial. En este caso, según afirmó el mandatario, irán por debajo. Al mismo tiempo, anticipó que se quitarán los subsidios al 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo.

La discusión tarifaria no es nueva y cruza posturas dentro del propio oficialismo. El anuncio del Presidente se da en el marco del inminente cierre de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional -FMI- y la necesidad de reducir el déficit fiscal. Desde el bloque de diputados del Frente de Todos explicaron a este medio que si se busca replicar la letra de la ley 27.44 presentada por el actual presidente de la Cámara, se tendría que elaborar un nuevo texto con ese espíritu y someterlo a votación.

De acuerdo a lo que explicaron fuentes oficiales, las subas tendrán como tope un 80% del coeficiente de variación salarial. “Así nos garantizamos que también queden por debajo de la inflación y que se lleve adelante un sendero de recuperación del poder adquisitivo”, dijeron. Desde comienzos de año, el Gobierno viene asegurando que se llevaría a cabo un único aumento en torno al 20%, pero el nuevo proyecto podría traer una suba complementaria durante 2022. En concreto, si se aplicara esa fórmula de manera retroactiva al 2021, la actualización tendría que estar más cerca del 42%.

De acuerdo al borrador del pre acuerdo con el Fondo Monetario que circuló semanas atrás, el Gobierno tomará el compromiso de encarar una estrategia múltiple de reducción de los costos de energía y aumento del traspaso de los costos de generación. Al mismo tiempo, se señala que se reducirán gradualmente los subsidios a usuarios comerciales y se mejorará la progresividad de los mismos a los hogares a través de un sistema de segmentación. “Las acciones a corto plazo se centran en garantizar la reducción planificada del 0,6% del PIB en subsidios a la energía en 2022”, completa el documento aludido.

Sobre este punto, Alberto Fernández anunció que el decil con mayores ingresos de la población dejará de percibir los subsidios a la energía. El universo abarcado va en línea con lo que el Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE) anticipó que se llevaría a cabo para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según pudo saber Ámbito, ese recorte se aplicaría a otras nueve áreas urbanas más. Resta saber si el criterio de segmentación será puramente geográfico, como había planteado el ENRE en diciembre, o entrarán en consideración otras variables.

De acuerdo a estimaciones privadas, en caso de que el aumento plano sea cercano al 40%, los usuarios residenciales que dejen de percibir los subsidios reflejarán en sus facturas un incremento final cercano al 100%. De todas maneras, el Presidente afirmó que habrá una ventanilla de reclamos: “Si alguna persona considerara injusto dejar de percibir un subsidio que a su criterio le corresponde, siempre podrá hacer su reclamo para que su derecho le sea reconocido en tiempo oportuno”.

Al cierre del año pasado los subsidios energéticos escalaron a un 2,2% del PBI y volvieron a ganar participación como factor explicativo del desequilibrio fiscal. El Gobierno apunta a que parte de la reducción de ese rojo también provenga de la finalización de la resolución 46/2017 para la promoción de la producción de Gas no convencional en Vaca Muerta. En cualquier caso, todas las proyecciones están atadas a un contexto internacional de incertidumbre, que podría traer una escalada aún mayor de los precios de la energía.