Se cumplen este martes 10 años de la sanción de la Ley Nº 10.151 de Economía Social, que en Entre Ríos posibilitó acompañar a más de 33.000 emprendimientos. “Por decisión del gobernador Gustavo Bordet, hoy la Economía Social es una política de Estado”, afirmó la vicegobernadora Laura Stratta.

Al referirse al aniversario de la ley, la vicegobernadora Laura Stratta, expresó: “Hace 10 años sancionamos la ley de Economía Social en Entre Ríos de la que tengo el orgullo de ser autora. Es una ley que construimos colectivamente con la convicción de que abriría puertas al mundo del trabajo impulsando los valores de la solidaridad, el cooperativismo, el comercio justo y el consumo responsable: promoviendo, en definitiva, una ley con rostro humano”.

En ese sentido, Stratta afirmó que después de una década, «por decisión del gobernador Gustavo Bordet, la Economía Social es una política de Estado en Entre Ríos. Y ese camino recorrido cuenta con las miles de historias de familias entrerrianas que lograron salir adelante, impulsar sus proyectos, crecer, vivir mejor”.

“Esos logros son los que nos motivan a seguir haciendo, porque hoy está en marcha un proyecto que busca dar respuestas a las demandas de nuestro tiempo, para seguir fortaleciendo ese camino”, destacó.

“Creemos en la Economía Social, en sus valores y en la fuerza de los que emprenden. Creemos en el trabajo como el punto de partida para construir una sociedad más justa y creemos que el Estado debe generar oportunidades y dar respuestas”, sostuvo la vicegobernadora.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, señaló: «Esta Ley es muy significativa para nuestra provincia, y nos ha permitido a lo largo de estos 10 años el diseño de una estrategia integral para acompañar y fortalecer los proyectos productivos de las y los emprendedores. Estamos convencidos que en materia de economía social y solidaria la presencia del Estado es fundamental para construir oportunidades e impulsar políticas públicas que profundicen la transformación en el eje del trabajo”.

“El gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta han marcado una agenda muy fuerte en este sentido porque sabemos que también es la posibilidad de construir un círculo virtuoso que mejore las condiciones de vida y trabajo de las entrerrianas y los entrerrianos», destacó Paira.

El recorrido hasta la sanción de la ley

El secretario de Economía Social, Luis Precerutti, recordó cómo se gestó la Ley de Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social de la provincia de Entre Ríos: “Fue un proceso histórico, donde participaron diversos actores como el Banco Popular de la Buena Fe, emprendimientos y la provincia. En 2021, se sancionó la misma ley de Economía Social en Mendoza, y dos años después en Buenos Aires, donde los distintos actores de la Economía Social en el territorio nacional iban trabajado mancomunadamente en red, fundamentalmente a partir de la experiencia de la Red Nacional de los Bancos Populares de la Buena Fe donde Entre Ríos tuvo un rol protagónico”.

“Sancionada la Ley 10.151, en Entre Ríos se empezaron a ejecutar políticas públicas en materia de Economía Social que han hecho que la provincia pueda dar respuesta a tantos emprendedores, emprendedoras, pequeños productores, cooperativas y distintos grupos asociativos de la Economía Social para poder fortalecer los procesos de producción y de comercialización, el trabajo de articulación en redes, y las compras públicas”, agregó el funcionario.

Por último, el secretario planteó: “Previamente a la aprobación de ley, las respuestas eran focalizadas e individuales, de corte asistencialista, por eso la ley plantea un abordaje integral. Y desde la sanción de la ley a la fecha, el gobierno provincial siempre tuvo en agenda la Economía Social y esto se ha demostrado en la asignación de presupuesto y en la creación de políticas públicas, y por eso todo lo que habíamos soñado con la sanción de la ley se fue cumpliendo. A lo largo de estos 10 años se fueron sucediendo diversos programas gracias al financiamiento específico que la ley propone, del 10 por ciento de las utilidades del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, que permite tener ingresos genuinos para poder dar respuestas a estas políticas públicas que se implementan a lo largo y a lo ancho de la provincia”.