El Fiscal de Estado julio Rodríguez Signes respondió el comunicado emitido por Gas Nea. Recordó que la empresa destruyó valor, mantiene instalaciones oxidadas, sin enterrar, invadidas por animales y que, en algunas localidades, conectó a apenas tres por ciento de los usuarios potenciales.

“Frente a la magnitud de la inversión realizada por la provincia, que ronda los 600 millones de dólares, Gas Nea sólo puede afirmar que en 25 años construyó 30 km de gasoductos a la localidad Villaguay”, explicó el Fiscal de Estado. “Se trata de tareas de mantenimiento mínimas, movidas por razones de seguridad, para prestar el servicio a las ampliaciones que siguió construyendo la provincia a su costo”, añadió.

Además, “citan también obras menores en las otras cuatro provincias que en su totalidad no llegan al 1 por ciento de los usuarios”, puntualizó y recordó que “La controversia en torno al contrato que la provincia mantiene con Gas Nea se resolverá por las vías legales pertinentes, interviniendo también el Enargas, como autoridad regulatoria, preservando el interés de los usuarios entrerrianos”.

El Fiscal de Estado sostuvo que “frente a estas y otras irregularidades que hacen a la falta de cumplimiento del fin público contractual con Gas Nea, la provincia, como accionista de la Sociedad, contrató una auditoría integral de la empresa que tuvo como resultado la impugnación de los dos últimos estados contables, y destacó la falta de información y gravedad de la situación patrimonial de la Empresa que registra un alto endeudamiento, y que ya atravesó dos concursos preventivos”.

“Desde el otorgamiento de la licencia nacional, en 1998, hasta el presente, más del 99 por ciento de los usuarios de Gas Nea están localizados en Entre Ríos, que ha invertido 600 millones de dólares aproximadamente en obras. Desde el inicio la provincia entregó construidos más de 1000 km de gasoductos, y continuó construyendo obras de extensión y ampliación, que entregó en uso y goce a Gas Nea”, subrayó Rodríguez Signes.

“Frente a los reiterados incumplimientos de la empresa, el Enargas inició un proceso para retirarles la habilitación. Luego se sucedieron dos concursos preventivos. El segundo finalizado en el año 2017”, continuó y explicó que la auditoria contratada para analizar el desempeño de Gas Nea “concluyó de forma contundente el manejo de la empresa destruyó valor, que su patrimonio neto resulta casi negativo, y que tiene exceso de gastos administrativos operativos en relación a otras empresas que se desempeñan en la industria del gas”.

Rodríguez Signes puso de relieve que otra de las conclusiones de la auditoría fue que “los perjudicados son los habitantes de Entre Ríos, ya que la provincia inviertió fondos propios en la construcción de las obras y gas nea no desarrolla ninguna actividad para la conexión domiciliaria del servicio, ni para la atención de los usuarios. El 80 por ciento de los empleados están en Buenos Aires, donde Gas Nea no presta ningún servicio”.

Por último, el funcionario provincial remarcó que “Gas Nea empezó a funcionar como empresa distribuidora en 1998, no en 2013, como alega el comunicado. “Ese año (1998) le fue otorgada la licencia de distribución de gas en las cinco provincias, a saber: Entre Ríos Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco”, y que “en ese momento celebró un convenio particular con Entre Ríos, ya que era la única provincia que contaba con un gasoducto propio de 1000 kilómetros que continuó extendiendo con nuevas obras, que totalizan alrededor de 600 millones de dólares”.

Por último citó el Decreto Nº3912/22, que dispone la revocación del contrato que la provincia mantenía con Gas Nea, y puntualizó las razones que llevaron al gobierno provincial a efectuar el fin de la concesión:

– Reducción unilateral del porcentaje accionario de la provincia en Gas Nea S.A. (del 20 por ciento al 17,4 por ciento), sin intervención del Enargas y violando la garantía establecida a favor de Entre Ríos en la Cláusula Tercera Puntos I y II del Anexo I del Contrato celebrado en 1998.

– Deuda subsistente con la provincia por devolución del valor del medidor y derecho de conexión (ley 9295); estimada en 17 millones de dólares por la Auditoría llevada adelante por la consultora contratada por la Provincia.

– Deficiente mantenimiento de las instalaciones (con constataciones notariales) agregadas al informe de la auditoría contratada por la provincia. Se menciona que los caños están a la vista debiendo estar enterrados, que hay instalaciones oxidadas, y otras, de superficie, invadidas por animales, etcétera.

– Deficiente management: la empresa destruye valor, sólo ha conectado un poco más del 50 por ciento de los domicilios para los que la provincia construyó las redes de distribución. En algunas localidades la provincia construyó la red de distribución, se la entregó a Gas Nea y esta sólo conectó un mínimo de usuarios. Se destacan los ejemplo de Alcaraz, donde las empresa solo conectó el tres por ciento de los usuarios, o María Luisa, con apenas el cuatro por ciento de conexiones.

– Alto endeudamiento, exceso de gastos administrativos y operativos en comparación con las demás distribuidoras que operan en el país.

– La impugnación realizada por la provincia, en su calidad de accionista, de los estados contables de los ejercicios 2020 y 2021, y la reticencia de la empresa a brindar información de la sociedad, lo que permite presumir una maniobra de vaciamiento.

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