En febrero, el Sector Público Nacional (SPN) anotó un superávit fiscal de $1.232.525 millones antes de cubrir los intereses de la deuda, bajando a $338.112 millones después de saldar esos compromisos (por $894.412 millones). El ajuste del gasto sigue en marcha, que a su vez afecta los ingresos públicos, sobre todo por el efecto en la caída de la actividad económica.

Si echamos un vistazo a los números, los ingresos de febrero llegaron a $5,5 billones, un salto del 252,5%, pero que implica una caída de 6,3% ajustados por inflación. Por otro lado, los gastos fueron de $4,3 billones, aumentando apenas un 139,3%, que al ajustarlos por inflación, sufrieron una reducción de 36,4%.

Es relevante notar que dentro de este proceso de ajuste, si bien todas las partidas de gasto caen, el principal componente es la licuación de las jubilaciones, que explicaron el 35% del total. Esto muestra la complejidad de la situación fiscal y la insostenibilidad a mediano plazo. Se repitió en febrero lo ocurrido en el mes de enero: el superávit se edificó sobre un recorte sin precedentes en el gasto público.

A su vez, es importante resaltar que estos datos refieren al Sector Público Nacional. Por ello, pueden diferir de los informes realizados, por ejemplo, por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que involucran únicamente lo acontecido en la Administración Nacional. Esto no significa que los datos sean incompatibles entre sí, sino que al involucrar en el análisis otros organismos, los guarismos son diferentes. Asimismo, estos datos son en base caja, a diferencia de otros informes que se realizan con el criterio de lo devengado.

Los ingresos caen 6,3%: los efectos de la devaluación en la recaudación de tributos sobre el comercio exterior e impuesto PAIS no compensan la caída de la actividad

Durante febrero, el Sector Público Nacional (SPN) obtuvo ingresos por un total de $5.535.658 millones, reflejando una caída de 6,3% ajustado por inflación. Esta disminución se debe principalmente a la baja en el impuesto a las ganancias y los aportes a la seguridad social, tributos ligados a los salarios y la actividad laboral.

Particularmente la recaudación del impuesto a las ganancias también se vio afectada por cambios regulatorios: la implementación del impuesto con un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles y una nueva escala, el cambio de esquema de percepciones aplicado a las operaciones de moneda extranjera, y la disminución de la demanda de moneda extranjera para viajes y gastos en el exterior.

Es preciso distinguir dos conjuntos de tributos con comportamientos bien diferenciados. Un primer grupo incluye todos aquellos asociados al comercio exterior, que experimentaron un notable crecimiento real. Las retenciones aumentaron un 34%, los derechos de importación un 31%, y “resto tributarios” entre los que se destaca el impuesto PAIS, un 62%. Estos crecimientos se explican principalmente por el salto devaluatorio, a lo que se adicionan dos cuestiones. Por un lado, el hecho de que la base de comparación (2023) es relativamente baja en retenciones por los efectos de la sequía; por otro lado, la ampliación y el aumento en la alícuota del impuesto PAIS.

Un segundo grupo abarca a los tributos asociados a la actividad, entre los que se destaca la caída del impuesto a los débitos y créditos (-2%) y de aportes y contribuciones a la seguridad social (-22%). En este conjunto también se incluye el IVA interno, cuya reducción fue compensada con el incremento del IVA aduanero, por lo que en suma el IVA experimentó un aumento en la recaudación de 9%. Esta dinámica de reducción en los ingresos por caída del gasto ya se ha observado en los años 90 y durante el gobierno de Macri, cuando se aplicaron modelos de ajuste que resultaron en una disminución de la recaudación, lo que a su vez llevó a la necesidad de realizar ajustes presupuestarios aún más profundos para mantener los niveles de equilibrio.

De cada 100 pesos que se ajustaron, 35 los pusieron los jubilados

Durante febrero, los gastos totales del Sector Público Nacional (SPN) ascendieron a $4.303.133 millones, marcando un incremento nominal del 139,3%. Sin embargo, este aumento nominal se tradujo en una disminución real del 36,4% una vez descontada la inflación.

La notable reducción en los egresos se atribuye principalmente a la licuación de los haberes de los jubilados, la falta de gestión por parte del nuevo gobierno y la decisión de no ejecutar el presupuesto. Todas las partidas muestran reducciones en términos reales, la mayoría con caídas de dos dígitos, siendo la más significativa aquella relacionada con jubilaciones, que se desplomó 38%. Se destacan también la notable caída en las pensiones no contributivas (-43%) y en las transferencias corrientes a las provincias (-85%) y a las universidades (-25%).

De cada 100 pesos ajustados en febrero, 35 correspondieron a recortes en jubilaciones. Esta tendencia, que se arrastra desde enero, refleja el fuerte impacto en los ingresos de los jubilados de la inflación desatada tras la asunción de Milei y la falta de medidas gubernamentales para compensar esta situación. Otra área afectada significativamente son los subsidios, donde se evidencian los efectos del retiro de los mismos en el sector transporte, tanto en AMBA como en el Fondo Compensador del Interior con su respectivo impacto en el precio del boleto, y mayormente en el sector energía, con el recorte de las transferencias a CAMMESA, la empresa distribuidora, que desató problemas en la cadena de pagos e introduce dudas sobre la sostenibilidad del ajuste.

Los gastos de capital destinados a la obra pública experimentan una reducción más que significativa, registrando una disminución real del 88%. Durante este mes, la ejecución de la obra pública fue nula debido a la falta de voluntad de gestión. Es importante destacar que todas las obras de infraestructura se vieron afectadas tanto en términos nominales como reales. La ausencia de inversión en programas de infraestructura fue tan pronunciada que no se observa un registro tan bajo en ningún otro mes desde febrero de 2017.

Los gastos en programas sociales aportaron el 4,7% del ajuste, mientras que los gastos de funcionamiento (principalmente salarios) explican el 6,9% del ajuste, con caídas reales interanuales de 17 y 16% respectivamente. La menor caída en términos reales es la partida de gasto asociada a la AUH, que pese a haberse incrementado un 100% a principios de año, se redujo 6%.

El resultado de febrero augura una probable aprobación de la primera meta fiscal del año

En el primer bimestre del 2024, se acumula un superávit fiscal de $ 3.243.270 millones y un superávit financiero de $ 856.520 millones, alcanzado a través de un ajuste significativo en el gasto, llevándolo a niveles mínimos de ejecución. Con este resultado, la meta modificada por el FMI, que implica un superávit de $ 962.000 millones para el primer trimestre del año probablemente sea cumplida.

Conclusiones

El superávit fiscal del Sector Público Nacional en febrero de 2024 fue de $1,2 billones.

Tras el pago de intereses por $894.412 millones, el superávit financiero fue de $338.112 millones. Este resultado es producto, al igual que en enero, de un fuerte recorte en los gastos.

Los ingresos totales en febrero fueron de $5,5 billones, con una caída de 6,3% ajustado por inflación. Aunque hubo incrementos en la recaudación de los impuestos asociados al comercio exterior (retenciones +34%, derechos de importación +31%) principalmente debido al salto cambiario, éstos no alcanzaron a compensar la caída en otros tributos asociados a la actividad (aportes y contribuciones a la seguridad social -22%, débitos y créditos -2%, IVA interno).

El superávit entonces no es producto de un incremento en la recaudación sino de un brutal derrumbe del gasto de 36,4%. Éste es explicado por la caída de todas las partidas presupuestarias, la mayoría con reducciones reales de dos dígitos.

De cada $100 de ajuste en febrero, $35 correspondieron a recortes en jubilaciones, siendo el principal factor explicativo de la reducción real del gasto. Le siguen en importancia los gastos de capital (que aportaron el 23,7% del ajuste total) y los subsidios económicos, principalmente energéticos (por la falta de transferencias a CAMMESA), que impactaron en la suba de tarifas tanto de transporte como de gas y luz.

Los problemas ocasionados por la demora en las transferencias a CAMMESA abren un interrogante sobre la sostenibilidad del ajuste llevado adelante por el gobierno.

Las transferencias a provincias se redujeron 85% en términos reales, principalmente explicadas por la eliminación del FONID y del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Los gastos de capital registraron una disminución real del 88% en febrero, con una ejecución prácticamente nula debido a la decisión de paralizar la obra pública. La inversión en infraestructura fue mínima, alcanzando niveles no vistos desde febrero de 2017.

Con un superávit fiscal acumulado de $3,2 billones en el primer bimestre del 2024, es probable que se cumpla la meta fiscal modificada por el FMI, que requiere un superávit de $962.000 millones para el primer trimestre del año.

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