El Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia fue recibido por el Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. Durante el encuentro se establecieron determinadas pautas de trabajo que permitirán fortalecer el control, coordinando acciones para lograr mayor eficacia y eficiencia a la hora de controlar las cuentas públicas.

Con el objetivo de continuar avanzando en el fortalecimiento del control público, el presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Diego Lara; mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

Durante el encuentro, ambos funcionarios acompañados por sus equipos técnico contables, intercambiaron información sobre los distintos procedimientos inherentes a la rendición de cuentas.⁣⁣

Además, acordaron determinados criterios de trabajo que permitirán fortalecer el accionar del Tribunal de Cuentas. Para esto, el órgano de control y la cartera de seguridad y justicia, coordinarán acciones que ayuden a lograr una mayor eficacia y eficiencia a la hora de controlar las cuentas públicas.

Todo esto, en el entendimiento de que velar por el correcto funcionamiento de las instituciones nos permite garantizar un manejo de fondos transparente y eficaz.

Participaron de la reunión; el secretario Contable del TCER, Cr. Víctor Díaz; la auditora permanente del Tribunal de Cuentas en el MSyJ, Cra. Elsa Cabiati; la directora del Servicio Gral. Administrativo Contable del Ministerio de Seguridad y Justicia, Cra. Maricel Hollmann; y su subdirectora, Cra. Yasmin Giovannini.

Funciones del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos es un órgano de control externo con autonomía funcional.

Como principal órgano de control externo de la administración pública, es el órgano fiscalizador que aprueba o desaprueba la percepción y/o inversión de los fondos públicos a cargo de los funcionarios y administradores de la Provincia, de las personas o entidades que manejen fondos públicos y de los municipios.

Además, el Tribunal de Cuentas ejerce la auditoría de la administración pública, entes autárquicos, empresas del Estado y todo otro organismo estatal que administre, gestione, erogue e invierta recursos públicos. Todo esto con ajuste a los principios de eficiencia y eficacia.

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