En marzo, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $625.034 millones antes de cubrir los intereses de la deuda, que descendió a $276.638 millones después de saldar dichos compromisos (equivalente a $348.396 millones). El ajuste del gasto continúa en marcha, lo cual repercute en los ingresos públicos. En marzo, estos últimos experimentaron una caída aún más pronunciada, convirtiéndolo en el peor mes del trimestre.

Al analizar con mayor detenimiento las cifras, se observa que los ingresos de marzo alcanzaron los $6,1 billones, representando un aumento de 254,5% interanual. Sin embargo, este incremento se traduce en una disminución de 8,6% al ajustarlo por inflación. Por otro lado, los gastos ascendieron a $5,4 billones, registrando un incremento de apenas 177% interanual. No obstante, al ajustarlos por inflación, se evidencia una reducción de 28,6%.

Es importante señalar que, dentro de este proceso de ajuste, si bien todas las partidas de gasto disminuyen, el componente principal es la reducción de las jubilaciones y las obras de infraestructura, las cuales explicaron el 37% y el 26% del total del ajuste, respectivamente. Además, cabe destacar que otra parte del ajuste se centra en la postergación de los pagos a CAMMESA, la empresa generadora de energía, una situación que eventualmente el gobierno tendrá que resolver. Por último, se observa
que los ingresos se están sosteniendo gracias al aumento del Impuesto PAIS, que ha crecido más de 300% en términos reales. Este impuesto debería ser eliminado en caso de que el gobierno decida levantar el cepo. Estos datos reflejan la complejidad de la situación fiscal y la falta de sostenibilidad a medio plazo del superávit.

El comercio exterior no compensa la crisis de la actividad económica y los ingresos caen 8,6%

Durante marzo, el Sector Público Nacional (SPN) obtuvo ingresos por un total de $6, billones, reflejando una caída de 8,6% ajustado por inflación. Esta disminución se debe principalmente a la baja en el IVA, impuesto a las ganancias y los aportes a la seguridad social, tributos ligados a la actividad económica y los salarios.

La reducción de la actividad económica es tan pronunciada que este es el primer mes del año en el que el IVA se reduce en términos reales. Por otro lado, la recaudación del impuesto a las ganancias se vio afectada no sólo por la caída de la actividad económica y los salarios, también experimentó cambios regulatorios: la implementación del impuesto con un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles y una nueva escala y la disminución de la demanda de moneda extranjera para viajes y gastos en el exterior.

Es necesario distinguir entre dos conjuntos de tributos con comportamientos claramente diferenciados. En primer lugar, se encuentran aquellos relacionados con el comercio exterior, los cuales experimentaron un notable crecimiento real. Las retenciones aumentaron un 74%, mientras que el «resto tributario», entre los que se destaca el impuesto PAIS, creció un 105%. Estos aumentos se explican principalmente por la depreciación abrupta de la moneda, además de dos factores adicionales: en primer lugar, la base de comparación (2023) es relativamente baja en retenciones debido a los efectos de la sequía; en segundo lugar, la ampliación y el aumento en la alícuota del impuesto PAIS, que creció 326% según los datos de recaudación de la Secretaría de Hacienda. Es importante destacar que este es el primer mes del año en el que los ingresos por Derechos de Importación registran una reducción en términos reales, de 28%, explicada principalmente por el impacto del parate de la actividad económica, que
según el último dato disponible registró una caída de 3,2% interanual (INDEC).

Un segundo grupo comprende los tributos asociados a la actividad económica local, entre los que se destaca la significativa reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una caída de 15,3%. A diferencia de los meses anteriores, el IVA aduanero no pudo compensar la pérdida del IVA interior.

En la misma línea, el impuesto a los débitos y créditos presentó una reducción de 13% en términos reales. Por su parte, los aportes y contribuciones a la seguridad social registraron una baja de 20%, afectados por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Esta reducción de los ingresos por segundo mes consecutivo (en febrero había sido de -6,3%) no es un fenómeno aislado, sino que se debe al efecto de la caída del gasto.

Este fenómeno ya se observó en los años 90 y durante el gobierno de Macri, cuando se aplicaron modelos de ajuste que resultaron en una disminución de la recaudación. Esto, a su vez, llevó a la necesidad de realizar ajustes presupuestarios aún más profundos para mantener los niveles de equilibrio.

La licuación de las jubilaciones, el freno de la obra pública y la postergación del pago de la deuda con CAMMESA explican la reducción del gasto de 29%

Durante marzo, los gastos totales del Sector Público Nacional (SPN) ascendieron a $5,5 billones, marcando un incremento nominal de tan sólo 177%. Sin embargo, este aumento nominal se tradujo en una disminución real de 28,6% una vez descontada la inflación.

La reducción interanual de los egresos se atribuye principalmente a la licuación de los haberes de los jubilados (-31% en términos reales), la falta de ejecución de obras por parte del nuevo gobierno (-87%) y la decisión de no pagar las deudas que se tienen con las empresas de generación de energía (-17%). Casi todas las partidas muestran reducciones en términos reales, la mayoría con caídas de dos dígitos, siendo la más significativa, por su peso relativo en el total del gasto, aquella relacionada con jubilaciones.

De cada 100 pesos ajustados en marzo, 37 correspondieron a recortes en jubilaciones. Esta tendencia, que se arrastra desde enero, muestra la crueldad del gobierno de Milei que basa el superávit fiscal en la licuación de los haberes jubilatorios.

Los gastos de capital destinados a la obra pública constituyen el segundo mayor aporte al ajuste con un 26%. Durante este mes, la ejecución de la obra pública fue nula debido a la falta de voluntad de gestión. Es importante destacar que todas las partidas presupuestarias de obras de infraestructura se vieron afectadas tanto en términos nominales como reales. La ausencia de inversión en estos programas fue tan pronunciada que no se observa un registro tan bajo en ningún otro mes desde marzo de 2017.

Otra área afectada significativamente son los subsidios económicos, donde se evidencian los efectos del retiro de los mismos en el sector transporte, tanto en AMBA como en el Fondo Compensador del Interior con su respectivo impacto en el precio del boleto, y mayormente en el sector energía, con el recorte de las transferencias a CAMMESA, la empresa distribuidora, que desató problemas en la cadena de pagos e introduce dudas sobre la sostenibilidad del ajuste.

Las transferencias a universidades en el mes de marzo experimentaron una disminución de 18%. Estas transferencias representan el 2% del ajuste debido a su relativo bajo peso en el total del gasto. El presupuesto asignado a las universidades nacionales para 2024 sufrió un desplome de 61% en términos interanuales.

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el primer mes del año que registra un crecimiento en términos reales, con un aumento de 34%. En cuanto a las transferencias a provincias, éstas cayeron 76% solo en el mes de marzo, y explican en gran medida el conflicto entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores de todas las provincias.

La meta fiscal se sobre-cumplió a costa de ajustar a los jubilados, frenar todas las obras públicas nacionales y pisar deudas con las compañías eléctricas

En el primer trimestre de 2024, se acumula un superávit fiscal de $ 3,9 billones y un superávit financiero de $1,1 billón, alcanzado a través de un ajuste significativo en el gasto, llevándolo a niveles mínimos de ejecución. Con este resultado, la meta modificada por el FMI, que exigía un superávit de $962.000 millones para el primer trimestre del año fue sobre-cumplida.

El sobrecumplimiento de la meta con el FMI pone en evidencia la falta de voluntad de gestión y la desidia por parte del gobierno. Teniendo margen para gastar más, el ejecutivo podría haber optado, por ejemplo, por aumentar los ingresos de los jubilados.

Con los 2,9 billones que sobrepasaron la meta fiscal con el FMI, el gobierno podría haber optado en el mes de marzo por ejemplo por duplicar el gasto en jubilaciones y triplicar las erogaciones en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Otra alternativa de destino de este ahorro fiscal podría haber sido continuar las obras públicas con fondos nacionales, garantizando vivienda, agua potable, educación y salud y evitando el incremento del desempleo en el sector de la construcción, principal afectado en la reducción de los puestos de trabajo registrado privado.

Conclusiones

• El superávit fiscal del Sector Público Nacional en marzo de 2024 fue de $0,6 billones.
• Tras el pago de intereses por $0,3 billones, el superávit financiero fue de $0,3 billones. Este resultado es producto, al igual que en enero y febrero, de un fuerte recorte en los gastos.
• Los ingresos en marzo totalizaron $6,1 billones, con una caída de 8,6% interanual ajustado por inflación. Aunque hubo incrementos en la recaudación de algunos impuestos asociados al comercio exterior (retenciones +74% e impuesto PAIS +326%) principalmente debido al salto cambiario, éstos no alcanzaron a compensar la caída en otros tributos asociados a la actividad económica y los salarios (IVA -15%, aportes y contribuciones a la seguridad social -20%, y ganancias -38%).
• El superávit, entonces, no es producto de un incremento en la recaudación sino de un brutal derrumbe del gasto de 28,6%. Éste es explicado por la caída de casi todas las partidas presupuestarias, la mayoría con reducciones reales de dos dígitos. Se destaca el derrumbe de las jubilaciones (-31%), de las prestaciones de PAMI (-14%) y los gastos de funcionamiento del Estado, principalmente salarios (-21%).
• De cada $100 de ajuste en marzo, $37 correspondieron a recortes en jubilaciones, siendo el principal factor explicativo de la reducción real del gasto. Le siguen en importancia los gastos de capital (que aportaron un 26% del ajuste total) y los subsidios económicos (5%), principalmente energéticos (por la falta de transferencias a CAMMESA), que impactaron en la suba de tarifas tanto de transporte como de gas y luz.
• Algunas cuestiones ponen en duda la sostenibilidad del ajuste llevado a cabo por el gobierno. Por un lado, las transferencias a CAMMESA no pueden posponerse ilimitadamente ya que pone en crisis la cadena de pagos del sector; y, por otro lado, el crecimiento del impuesto PAIS, que en marzo representó el 9% de la recaudación informada por la Secretaría de Hacienda, condiciona la salida del cepo en el futuro cercano.
• Las transferencias a provincias (-76%) y las transferencias a Universidades Nacionales (-18%) profundizaron su caída en el mes de marzo. En el primer caso, es preciso destacar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y en el segundo, se pone en riesgo la continuidad del dictado de clases en el próximo semestre.
• Los gastos de capital registraron una disminución real de 87% en marzo, con una ejecución prácticamente nula debido a la decisión de paralizar la obra pública. La inversión en infraestructura fue mínima, alcanzando niveles no vistos desde marzo de 2017.
• Con un superávit fiscal acumulado de $3,8 billones en el primer trimestre del 2024, la meta fiscal modificada por el FMI, que requería un superávit de $0,9 billones para el primer trimestre del año, fue sobre-cumplida. Con dicho ahorro fiscal, en el mes de marzo podría haberse duplicado el gasto en jubilaciones y triplicado las erogaciones en AUH.

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