En junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $ 488.569 millones antes de cubrir los intereses de la deuda, que descendió a $ 238.189 millones después de saldar dichos compromisos (equivalentes a $ 250.380 millones).

El ajuste del gasto se acentuó con respecto a los meses anteriores, registrando una caída de 35,2% respecto al mismo mes del año anterior (en mayo había sido de -28,7%, en abril de -23,7% y en marzo -28,6%). A su vez, es el peor registro del año en materia de ingresos, ya que se derrumbaron 14,8%, luego de la excepcionalidad de incremento real de mayo.

Al analizar con mayor detenimiento los números, se observa que los ingresos de junio alcanzaron $8,2 billones, principalmente impulsados por la recaudación de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

Por el lado de los gastos, ascendieron a $7,7 billones. Es importante señalar que, si bien prácticamente todas las partidas de gasto disminuyen, el componente principal de la reducción del gasto en junio fueron las obras de infraestructura (-74,4%), jubilaciones (-17,8%) y subsidios (-74,2%).

La mayor parte de los tributos cayeron ante el derrumbe de la actividad económica: sólo crece significativamente el Impuesto PAIS

Durante junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró ingresos por un total de $8,2 billones, marcando el peor registro del año en este rubro con una caída de 14,8% ajustado por inflación. Este derrumbe se atribuye principalmente al desplome de recaudación del IVA y de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, pero también en el Impuesto a las Ganancias, dejado atrás el efecto positivo que en mayo produjo el vencimiento de las declaraciones juradas de las empresas que cerraron ejercicio en diciembre de 2023.

Por su parte, se observa una reducción en los impuestos relacionados con las exportaciones. Las retenciones cayeron 43,7%, dejando atrás el efecto positivo que en los primeros meses del año había generado la devaluación sobre los ingresos asociados al comercio exterior.

El impuesto PAIS, que se encuentra dentro de «resto tributario», creció 282,7%. Este incremento se explica principalmente por la devaluación de la moneda, el aumento en la alícuota del impuesto PAIS y su ampliación en diciembre de 2023. El agrupamiento “resto tributario” es el único que crece significativamente en junio (76,1%) y constituyó 13,4% de los ingresos totales.

Este aumento permitió compensar en parte, los desplomes de los tributos ligados a la actividad económica. Los datos de la economía real muestran que la recesión continúa y se profundiza. Según el último dato disponible, en abril de este año la economía argentina registró una caída acumulada en 2024 de 4,2% interanual (INDEC). Entre los impuestos asociados a la actividad se encuentran el IVA (-20,1% real), Aportes y contribuciones a la seguridad social (-9,5%), Ganancias (-15,8%), Derechos de Importación (-48,9%)[1] e Impuestos Internos (-26,4%). En el caso del Impuesto a los Bienes Personales, la reducción se debió principalmente a una modificación normativa: ya no se cobra la percepción correspondiente a la compra de moneda extranjera. El Impuesto a los Débitos y Créditos (más conocido como Impuesto al Cheque, tuvo un leve rebote de 1,6% explicado por la postergación de parte de los vencimientos de mayo de este impuesto al mes de junio.

El ajuste del gasto volvió a niveles del primer bimestre del año

Durante junio, los gastos totales del Sector Público Nacional (SPN) ascendieron a $7,7 billones, marcando un incremento nominal de 140,7%. Sin embargo, este aumento nominal se tradujo en una disminución real de 35,2% una vez descontada la inflación. Luego de 3 meses en que el ajuste se había ubicado entre 20 y 30 puntos, se retomó el nivel del primer bimestre, superando los 35 puntos.

El derrumbe interanual de los egresos se atribuye principalmente (por su peso sobre el total) a la licuación de los haberes de los jubilados, que caen 17,8% en términos reales, la prácticamente nula ejecución de obras por parte del nuevo gobierno (-74,4%), y, por último, los recortes en los subsidios (-74,2%). Casi todas las partidas muestran reducciones en términos reales, la mayoría con caídas de dos dígitos.

Dentro de los subsidios, aquellos destinados al transporte caen 48,9% interanual, por la eliminación del Fondo Compensador del Interior y por recortes en el AMBA, que impactaron sobre el precio del boleto, si bien en el caso de los colectivos se mantiene congelado desde febrero. En el sector energético la caída es más profunda: de 81,2%, impactando en las tarifas. Pero, fundamentalmente, no se realizaron pagos a CAMMESA durante el mes de junio. Si en los meses de abril y mayo, el Gobierno Nacional tuvo que liberar fondos por un total de $1,46 billones (siendo $622 mil millones en abril y $844 mil millones en mayo), en el mes de junio sólo se desembolsaron $42 mil millones, reduciendo las transferencias en torno a $700 mil millones en este rubro respecto al promedio abril-mayo. Es claro que el gobierno tomó la decisión de atrasar nuevamente los pagos en esta partida, lo cual continúa generando conflicto con las generadoras.

Dentro de los gastos de capital, aquellos destinados a energía son los que menos caen (-54%) por la reanudación de la planta compresora en Tratayén luego del corte de gas producido a fines de mayo. En suma, la ejecución de la obra pública fue prácticamente nula.

También cabe destacar que a las Universidades Nacionales prácticamente no se le transfirieron recursos durante junio, sufriendo una caída de 82% en términos nominales con respecto a un año atrás, que se profundiza a 95% si lo analizamos en términos reales. En este punto, cabe destacar que las Universidades en el mes de mayo habían recibido por las actividades “Asistencia financiera para el pago de salarios del personal no docentes” y “Asistencia financiera para el pago de salarios del personal docente y autoridades superiores”, un total de $76 mil millones y $131 mil millones, totalizando $206 mil millones. En junio, se devengaron $120 mil millones y $204 mil millones, totalizando $324 mil millones, que sin embargo, no se pagaron en el mes de junio.

A su vez, en “Otros programas”, que se recortaron 47% interanual, se incluyen diversas políticas para los sectores más vulnerables como la Tarjeta Alimentar, las transferencias a comedores comunitarios y merenderos, el ex programa “Potenciar Trabajo” y el programa Acompañar, entre otros, por lo cual es difícil discernir qué partidas sufrieron recortes. En este rubro se destinaron $497 mil millones en junio, que contrastan con los $708 mil millones pagados en mayo. Cabe destacar que en políticas alimentarias, en junio se devengaron $159.000 millones que no fueron pagados, y el programa Hogar no tuvo cronograma de pago durante junio.

Si en junio se hubiesen destinado los mismos recursos que en mayo a CAMMESA, las Universidades y otros programas sociales, sumarían $1,2 billones adicionales. En ese caso, el Gobierno no hubiera tenido superávit sino déficit fiscal por $700.000 millones y un déficit financiero por $1 billón.

En lo que refiere a las provincias, las transferencias no automáticas se redujeron 72,2% en términos reales en comparación con junio de 2023. Los principales componentes del recorte son producto de la decisión de discontinuar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), afectando de manera directa el salario de los docentes de todo el país, de la suspensión del pago a las provincias por las cajas previsionales no transferidas a la Nación, de recortes en comedores escolares y financiamiento para la universalización de la quinta hora en las primarias de todo el país. Hubo un leve repunte con respecto a mayo en otros rubros más discrecionales, quizás en el marco de las negociaciones con las provincias por la ley Bases y el “Pacto de Mayo” (de $3.500 millones a $17.400 millones).

En el primer semestre de 2024, de cada $100 ajustados, $28,9 correspondieron a recortes en jubilaciones. El segundo lugar en relevancia lo ocupa la obra pública con $21,9. Le siguen los subsidios, que aportaron $16,2, gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con $10,6 y prestaciones sociales con $9,7 entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros.

El gasto en intereses de deuda no se registra dentro de los gastos primarios, pero este mes fue de $ 250.380 millones, excediendo por ejemplo los recursos que se destinaron a la obra pública.

La meta del FMI a junio luce cumplida

En los primeros 6 meses de 2024, se acumula un superávit fiscal de $ 7 billones y un superávit financiero de $2,6 billones, alcanzado a través de un ajuste significativo en el gasto, y no por aumento en la recaudación.

En marzo, la meta fiscal con el Fondo se cumplió por encima de lo esperado, emitiendo una señal positiva para los mercados. Sin embargo, también se pone en evidencia la crueldad y la falta de voluntad de gestión. Teniendo margen para gastar más, el ejecutivo podría haber optado, por ejemplo, por aumentar los ingresos de los jubilados o reactivar la obra pública. Como se observa en el gráfico n° 3, la meta con el fondo era de un superávit de $962.000 millones y el superávit alcanzado fue de $3.868.000 millones.

El lunes 17 de junio, se publicó la 8va revisión del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Argentina. En el informe del staff del FMI, se abordan varios aspectos sobre la situación fiscal del país. Se ajustaron -con mayor exigencia- las metas fiscales a junio: de $1.925.000 millones que estaba previsto subió a $4.600.000 millones. A junio de 2024, se alcanzó un superávit de $6.954.000 millones, por lo cual la meta a junio luce cumplida.

Para el tercer trimestre, la meta también aumentó su exigencia: pasó de $2.887.000 millones a $7.695.000 millones.

Conclusiones

El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $ 488.569 millones antes de cubrir intereses de la deuda y $ 238.189 millones después de saldarlos, gracias al ajuste del gasto.

Los ingresos en junio alcanzaron los $8,2 billones, con una caída de 14,8% ajustado por inflación, marcando el peor registro del año en este rubro. Este derrumbe se atribuye principalmente al desplome de recaudación del IVA (-20,1%) y de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social (-9,5%), pero también en el Impuesto a las Ganancias (-15,8%), pasado ya el efecto al alza que en mayo produjo el vencimiento de las declaraciones juradas de las empresas que cerraron ejercicio en diciembre de 2023. Los derechos de exportación cayeron por primera vez en el año (-43,7%) dejando atrás el impacto positivo que venía teniendo, en la recaudación de retenciones, la devaluación y la recuperación post sequía.

Los gastos del SPN ascendieron a $7,7 billones, registrando una disminución real de 35,2% interanual, profundizando la caída con respecto a los tres meses anteriores. La reducción del gasto en junio se centró en obras de infraestructura (-74,4%), jubilaciones (-17,8%) y subsidios (-74,2%), que mostró su peor derrumbe del año.

¿Cómo se logra el superávit? Se postergan pagos energéticos, a Universidades y otros programas sociales.

Dentro de los subsidios, aquellos destinados al transporte caen 48,9% interanual, mientras que en el sector energético la caída es más profunda: de 81,2%, impactando en un fuerte aumento de tarifas. Pero, fundamentalmente, no se realizaron los pagos a CAMMESA correspondientes al mes de junio. Si en los meses de abril y mayo, el Gobierno Nacional tuvo que liberar fondos (en el marco del acuerdo con las generadoras) por un total de $1,46 billones (siendo $622 mil millones en abril y $844 mil millones en mayo), en el mes de junio sólo se desembolsaron $42 mil millones de pesos, reduciendo las transferencias en torno a $700 mil millones menos en este rubro respecto al promedio abril-mayo. El gobierno tomó la decisión de atrasar nuevamente los pagos en este rubro.

Las Universidades en el mes de mayo habían recibido por las actividades “Asistencia financiera para el pago de salarios del personal no docentes” y “Asistencia financiera para el pago de salarios del personal docente y autoridades superiores”, un total de $76 mil millones y $131 mil millones, totalizando $206 mil millones. En junio, se devengaron $120 mil millones y $204 mil millones, totalizando $324 mil millones, que, sin embargo, no se pagaron en el mes de junio.

Otros planes sociales: en este rubro se destinaron $497 mil millones en junio (47% menos en términos reales que un año atrás), que contrastan con los $708 mil millones pagados en mayo. En este rubro se incluyen diversos programas, como el ex Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar, el programa Acompañar, transferencias a comedores comunitarios y merenderos, por lo cual es difícil discernir qué partidas sufrieron recortes. Pero sí es posible mencionar que, en políticas alimentarias, en junio, se devengaron $159.000 millones que no fueron pagados, a lo que se suma el programa Hogar, que no tuvo cronograma de pago durante junio.

Si en junio se hubiesen destinado los mismos recursos que en mayo a CAMMESA, las Universidades y otros programas sociales, sumarían $1,2 billones adicionales. En ese caso, el Gobierno no hubiera tenido superávit sino déficit fiscal por $700.000 millones y un déficit financiero por $1 billón.

En lo que refiere a las provincias, las transferencias no automáticas se redujeron 72,2%, si bien algunas discrecionales repuntaron con respecto a mayo (de $3.500 millones a $17.400 millones). Este leve incremento se observa en rubros más discrecionales, quizás en el marco de las negociaciones con las provincias por la ley Bases y el “Pacto de Mayo”.

En los primeros seis meses de 2024, de cada $100 ajustados, la mitad lo explican los recortes en jubilaciones ($28,9) y obra pública ($21,9). Le siguen los subsidios, que aportaron $16,2, gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con $10,6 y prestaciones sociales con $9,7 entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros.

El gasto en intereses de deuda no se registra dentro de los gastos primarios, pero este mes fue de $250.380 millones, excediendo por ejemplo los recursos que se destinaron a la obra pública.

A pesar de la mayor exigencia en las metas del FMI (a junio, del superávit de $1.925.000 millones que estaba previsto subió a $4.600.000 millones), la meta luce cumplida, ya que, a junio, el superávit fiscal acumulado es de $954.000 millones.

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