La Procuradora creó una nueva ONG, «Colectivo por la Justicia Social». Una de sus integrantes es la entrerriana designada fiscal en Concordia, a pesar de que no existe Juzgado Federal. La misma que escrachó a Domingo Cavallo.

Todo pareciera indicar que Gils Carbó, jefa de los fiscales y fundadora de Justicia Legítima, ejerce un control absoluto sobre la Procuradoría y que tanto sola como con su gabinete de militantes se las arregla para sostenerse en el cargo al que llegó tras la poca disimulada destitución de Esteban Righi, sostiene el periodista Ricardo Roa.

Gils Carbó «ahora se da todo el tiempo del mundo para maquinar inquinas e intrigas contra Macri con el auxilio de una agrupación que a diferencia de Justicia Legítima es casi nada conocida: Colectivo por la Justicia Social», manejada por «Damiana Alonso, su propia hija», revela Roa.

Damiana estuvo en la UIF bajo la jefatura del ultrakirchnerista José Sbatella y hoy trabaja para la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, antes como diputada recordada impulsora del juicio político al juez Carlos Fayt por viejo.

Viaja en ese colectivo político judicial Lisandro Pellegrini, hace muy poco la mano derecha de Gils Carbó como secretario de Coordinación Institucional. La militancia judicial tiene vertientes familiares. Pellegrini es ex pareja de Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, admiradora de Fidel Castro y antes funcionaria del ministerio de Justicia.

Oficialmente con licencia médica, Pellegrini fue reemplazado por otra pasajera notoria del colectivo: María Josefina Minatta, a la que Gils Carbó había nombrado fiscal en Concordia antes de que esa fiscalía estuviera operativa. Un detalle. Minatta compartió tareas en la UIF con la hija de Gils Carbó. Fueron conocidas hace casi tres años por organizar el escrache y la agresión contra el ex ministro Domingo Cavallo, Mario Blejer y Javier González Fraga en la Universidad Católica Argentina.

Los pasajeros del Colectivo han entrado por decenas en la Procuradoría. Por eso hasta debieron correr de su cargo a la responsable de Recursos Humanos. Pero a veces se les da por cortarse solos. Dicen que Gils Carbó estaba en llamas porque no fue informada de que una de las oficinas a su cargo declaró inconstitucional el DNU que modifica la ley de Migraciones y solicitó a todas las fiscalías del país que se opongan a su aplicación.

«Los fiscales de Gils Carbó se han hecho famosos porque debían investigar y entorpecieron toda investigación. El favorito, Carlos Gonella, ex fiscal antilavado, volvió a Córdoba después de haber sido procesado por hacer la vista gorda con los negociados de Báez con la familia Kirchner», sostiene Roa.

«En estos días cargan contra Macri con denuncias amplificadas y con una cuota de éxito: lo imputan, consiguen prensa y más presión judicial y política. Por ejemplo Juan Pedro Zoni, que Carbó trajo de Santiago del Estero y pidió indagar a la madre y a la tía de Nisman. Proeza: las hizo aparecer culpables sin encontrar un culpable a la muerte del fiscal».

Zoni fue quien imputó a Macri por el Correo. Y Di Lello, compañero de ruta de Justicia Legítima, imputó a Macri mientras inauguraba las sesiones legislativas. La razón: haberle concedido rutas a Avian, aerolínea que compró MacAir que fue de la familia Macri, no de Macri. Quieren que Macri vuelva a ser Mauricio, el hijo de Franco.

Posibles nuevos reproches a Carrió, que de todos modos sigue irreprochable porque hace de efectiva fiscal interna del Gobierno, por el gravísimo error de mandar para atrás en octubre la ley que le fijaba a la procuradora un plazo de cinco años en sus funciones. Gils Carbó agradecida.

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