Castro Díaz, integra el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y el Centro Regional de Geomática (CEREGeo) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. El especialista se encuentra realizando estudios sobre «el riesgo asociado de las inundaciones que causa la largada de agua desde la represa, y viendo las trazas en las cuales elevar el terreno» aguas abajo, para mitigar los efectos de las inundaciones. «La participación comunitaria en este tema es importante, porque no debe ser solo una cuestión de los ingenieros, sino que sea la comunidad la que esté trabajando y evaluando cuáles las mejores localizaciones de esas trazas, y cuáles son los barrios protegidos y las zonas turísticas que se pueden proteger con estos muros elevados», dijo en referencia a la Comisión de Evaluación Social que impulsó el intendente Enrique Cresto para consensuar el proyecto de Defensa Central a realizarse.
Además, comentó que «tratamos de evaluar y ver las posibilidades para iniciar un proceso de servicios ambientales que estén en conjunto con el manejo del riesgo (de la represa) para poder tener una buena perspectiva». En este sentido, fundamentó que «los efectos negativos están. Pero a la vez la represa representa un proceso de crecimiento y desarrollo para la región y la Nación. Lo que debe hacerse es de poder combinar las dos necesidades, es decir poder generar energía y que las personas no se vean tan afectadas» cuando llegan las crecientes, sostuvo.
De la reunión participaron el concejal Alberto Zadoyko y técnicos que mantuvieron el encuentro con los vecinos en donde comenzó a debatirse un proyecto de defensa costera para los barrios Puerto, Vélez Sarsfield y Sargento Cabrera. «A las municipalidades se les generan importantes gastos cuando hay inundaciones», señaló el investigador. Afrontar estos costos de recuperación de la ciudad tras una inundación como también de relocalización de las familias afectadas por la creciente, debe darse «en forma conjunta y voluntaria» entre el municipio y los distintos organismos vinculados a la problemática en cada ciudad donde esto ocurre. En el caso de Concordia, consideró que la represa de Salto Grande «debe estar presente desde una perspectiva social» y no solamento como una empresa
generadora de electricidad.
La coordinadora de Gabinete explicó que desde su área se comenzará a trabajar en un convenio con el Programa PIRNA de UBA y la UADER para que los investigadores en daño ambiental puedan comenzar a cuantificar los daños socioambientales, no solo de Concordia, sino de todos aquellas localidades de la costa del río Uruguay que se encuentran incluidas en la Agenda del Litoral, que días pasados firmaran en Concordia un acta que incluye la solicitud de compensación económica a Salto Grande por los daños causados.