Ante hechos de público conocimiento, relacionados con las irregularidades ocurridas en la ATER y en donde diversos medios mencionan la posible participación de profesionales en Ciencias Económicas, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos ha creído conveniente efectuar un Comunicado de esclarecimiento a la comunidad.

El informe, que lleva la firma de la Lic. en Economía Paula Campana, menciona que: “El Consejo ha seguido con atención las informaciones periodísticas pero no ha tenido ningún contacto formal con las actuaciones, por lo que desconoce la verdadera naturaleza de los hechos y las personas involucradas. Todo lo que se sabe surge de versiones”.

“Tampoco es el momento oportuno para hacernos de los antecedentes: estando la cuestión en sede penal, ni la Justicia ni la ATER ni las empresas presuntamente involucradas tienen obligación de remitirnos la documental ni el Consejo facultades de exigirles nada”, continúa el parte de prensa.

Indicando que “El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos esperará las resultas de la Justicia Penal y, si agotadas las instancias, surgen responsabilidades aplicables a profesionales en ciencias económicas, se trasladará la comunicación que seguramente llegará desde el Poder jurisdiccional a nuestro Tribunal de Ética para que aplique lo dispuesto en nuestra Ley y sus normas relacionadas”.

“Hasta tanto, el Consejo solo podría actuar si alguna persona física o jurídica efectuara una denuncia ante nuestra institución, con la correspondiente prueba documental. En ese caso, se avanzaría con el traslado al Tribunal de Ética”, puntualizan desde la entidad.

Explicando en ese sentido que: “Creemos necesario aclarar, como profesionales, que la figura de la compensación es un instrumento legal y beneficioso para las partes involucradas, ya sea proveedores como Estado, máxime en épocas de complicaciones financieras. En este caso, lo que sí hay que dejar en claro, es que el sistema de control interno puede haber tenido deficiencias en la intervención que habrían permitido la ocurrencia de este tipo de irregularidades durante tanto tiempo. Entonces, al margen de establecer las responsabilidades, habrá que ajustar los mecanismos para una mejor gestión administrativa que permita perfeccionar la herramienta”.

En definitiva, “este Consejo seguirá esperando, como corresponde, que la Justicia realice su trabajo. Hasta ese momento, todas las opiniones que hablan de la participación de profesionales en ciencias económicas son meros rumores”, reflexiona el comunicado.

Para concluir, se destaca que “esta situación nos tiene como ciudadanos y como profesionales sumamente preocupados y solicitamos que a la mayor brevedad la Justicia y el Estado determinen las responsabilidades del caso y apliquen las sanciones que prevé la ley”.

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