La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy la pena de seis años para el exvicepresidente Amado Boudou, cinco años y ocho meses para su amigo, el empresario José María Núñez Carmona; y 1 año para el abogado Alejandro Vandenbroele, en la causa por la compra de Ciccone Calcográfica.

En su pedido ante el Tribunal Oral Federal la querella pidió además que los jueces dispongan las detenciones de Boudou y demás implicados en caso de dictar condena en su contra.

Los pedidos se conocen en el alegato del juicio, al día siguiente que la Oficina Anticorrupción pidiera una pena de cinco años y seis meses de prisión para Boudou, cinco para Núñez Carmona, un año y seis meses para Vandenbroele, tres años y ocho meses para Nicolás Ciccone, tres años para Rafael Resnick Brenner y dos años y cuatro meses para Guido Forcieri.

Entre sus principales planteos, el organismo a cargo de Mariano Federici argumentó que el Estado durante el kirchnerismo buscó dar un «marco de impunidad» al caso y que el exvicepresidente, junto a Núñez Carmona «se interesaron en el negocio» para que la imprenta terminara siendo contratada por Gobierno durante el kirchnerismo. De esta manera acusaron a Boudou de»estar al tanto de todo lo que se hizo, usar su cargo para ello y torcer el destino de Ciccone en función de sus intereses».

El alegato estuvo a cargo de los abogados Agustín Biancardi, Facundo Orazi y Mariela Cimolai, que argumentaron los acusados integraron «una organización formada entre funcionarios públicos y privados». Los representantes legales del organismo afirmaron que el objetivo de los juzgados no fue otro que «convertirse en proveedores del Estado Nacional» para la impresión de billetes. Recordaron que hubo un proceso inicial en el que intervino la AFIP para lograr levantar la quiebra de la empresa, lo que permitió luego la compra por parte de The Old Fund, de la mano de Vandenbroele.

Ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) indicaron que los acusados usaron «todos los resortes del Estado», desde el Ministerio de Economía hasta la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), durante el kirchnerismo, para que el Estado terminara contratando los servicios de la calcográfica.