Emilio Castrillón, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Bernardo Salduna, vocal de la Sala Laboral del STJ, Yanina Yzet, titular de la Oficina de Violencia de Género del STJ, María Gabriela López Arango, presidenta de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos, Emilio Matorras, de la Sala de Trabajo, Fabiola Bogado Ibarra, en representación de la Asociación de Mujeres Juezas, Oscar Balla, secretario de Trabajo y Seguridad Social, y el director de la entidad, Silvio Pucheta, la titular del Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas Contra las Violencias (Coprev) Mariana Broggi, se reunieron para analizar los principales aspectos del proyecto que busca dar respuestas concretas para frenar la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.

“Consideramos una prioridad buscar soluciones a los problemas de la violencia de género de manera conjunta”, sostuvo Giano al destacar el trabajo articulado que se viene realizando en este sentido en el ámbito legislativo con distintas organizaciones públicas y privadas y con los tres poderes del Estado con el fin de sancionar el proyecto de ley.

Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, ponderó la iniciativa y sostuvo que “es necesario trabajar en forma coordinada entre los distintos poderes del Estado para hacer más efectiva las acciones”.

Además, los magistrados López Arango y Emilio Matorras destacaron la convocatoria que busca adecuar las normativas y evitar la violencia contra las mujeres, al tiempo que brindaron ejemplos de casos tratados en la Justicia entrerriana y los alcances de las leyes vigentes.

La ley adhiere al espíritu de la normativa nacional y propone evitar que se quebrante el derecho de igual remuneración por igual tarea, el hostigamiento psicológico, o las distintas formas de violencia que buscan excluir a una trabajadora de su espacio laboral, tal como lo indica la Ley Nacional N° 26.485, entre otros aspectos.

También la titular de la oficina de Violencia de Género (OVG), Yanina Yzet, resaltó la importancia del proyecto que busca tutelar una de las violencias en los ámbitos en que ocurre. Y subrayó la importancia que tiene haber especificado lo que se entiende por violencia, “en particular lo que pasan las mujeres, un grupo vulnerable específico que necesita de un tratamiento especial”.

“El hecho de definirlo en este primer artículo brinda claridad y recepta los principios de la ley nacional”, aseguró, al tiempo que destacó que la ley permita que otra persona pueda denunciar porque significa “pensar en la vulnerabilidad que tienen las mujeres en situaciones de violencia”.

“El proyecto se sostiene en función de los datos oficiales que se han recopilado en esta oficina (la Oficina de Violencia de Género del STJ) en forma de estadísticas que surgen de todos los juzgados de la provincia”, sostuvo.

“Debemos proporcionar alternativas en el marco de la protección y a los efectos de hacer cesar situaciones de violencia. Más allá de cómo quede finalmente redactado el articulado, el proyecto tiene una coherencia con lo que plantea la ley nacional”, señaló Yzet.

En tanto, Mariana Broggi y Gonzalo García, del Coprev, indicaron que se deben plantear opciones desde una perspectiva de género: “Las mujeres estamos en una situación de vulnerabilidad y por eso se ha avanzado en legislación internacional, nacional y provincial, donde lo que buscamos es acercarnos a las posibilidades de soluciones concretas para las mujeres que vienen a plantear las diferentes formas de violencia que les toca vivir”, dijo Broggi.

Por su parte, García señaló que “vincular los tres poderes es un signo democrático a destacar” y agregó que “la problemática de violencia de género es uno de los problemas de vulneración de derechos más importantes y esto implica un trabajo significativo”.

“En este marco, el proyecto de ley es un aporte más que positivo para dar solución a este tipo de problemas”, aseveró.

“Es una respuesta simbólica a un problema fundamental”, puntualizó García al remarcar los mecanismos de interconexión que pueden establecerse con legislaciones como la que se está tratando.

A su turno, el secretario de Trabajo de la Provincia, Oscar Balla, indicó que los organismos deberán adaptarse e incluso incorporar entidades que trabajen en este sentido, ya que el proyecto establece que para denunciar hechos de violencia laboral contra la mujer no se requiere patrocinio letrado.

La iniciativa establece además que cuando el juez imprima el trámite a la denuncia, adoptará las medidas pertinentes para asignarle a la persona victimizada un abogado especialista que la asista en el caso de que no cuente con uno propio, debiéndose explicar a la persona victimizada con lenguaje claro los derechos y todo lo concerniente a la acción.

También se consignan las personas que pueden realizar la denuncia, además de la víctima: tutores, curadores, profesionales u operadores de servicios de salud, asistenciales, sociales, educativos y todo funcionario que, en razón de su labor, haya tenido contacto con la persona agraviada, así como los organismos receptores de los mismos Juzgados Laborales, o  Juzgado de Paz si la localidad no cuenta con dicho organismo, Defensoría del Público en turno del Ministerio de la Defensa; Agente Fiscal en turno; la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, el Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (Coprev), la oficina de Violencia de Género (OVG) del Poder Judicial o ante la seccional policial más cercana al domicilio, quienes deberán seguir los protocolos de actuación en forma inmediata, sin perjuicio de extremar la diligencia en los casos que evidencien alto riesgo.

Fuente (APFDigital)