La Cámara de Diputados convirtió en ley una reforma al Código Procesal Penal Federal que actualiza la normativa e incorpora varias leyes aprobadas por el Congreso para agilizar la administración de justicia, lo cual fue celebrado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien sostuvo que esto «permitirá una justicia más rápida y transparente».­

La norma fue aprobada en el recinto por 134 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones. El proyecto de reforma surgió de reuniones en el marco del programa Justicia 2020 con actores judiciales, instituciones y miembros de la sociedad civil donde se diseñó una norma jurídica que da un papel protagónico a la víctima durante el proceso penal.­

El nuevo Código Procesal Penal incorpora las siguientes leyes:­

* De Flagrancia.­

* Del Colaborador Eficaz.­

* Del Arrepentido.­

* De Técnicas Especiales de Investigación de Delitos Complejos.­

* De Responsabilidad Penal Empresaria y de Personas Jurídicas.­

* De Ejecución de la Pena.­

* De protección de Víctimas del Delito.­

* Instaura el Sistema Acusatorio en el servicio de justicia que se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante.­

* Moderniza los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado.­

Se prevé que la instrumentación de la ley tomará más de cuatro años ya que se aplicará progresivamente en las jurisdicciones del norte del país, luego en las del sur y finalmente en las del centro.­

IMPLEMENTACION­

El proyecto fue presentado por el senador salteño Rodolfo Urtubey (PJ), presidente de la bicameral encargada de controlar la implementación del Código. En dicha comisión se debatieron las modificaciones con el aporte de jueces y fiscales federales.­

Durante el debate en la sesión extraordinaria de ayer, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), destacó que «estamos cambiando un régimen inquisitivo por un régimen acusatorio», un requisito para el ingreso de la Argentina a la OCDE.­

La radical recordó que cuando Macri tomó la decisión de frenar la implementación del Código fue «porque no estaban puestas las condiciones necesarias y era totalmente incompleto en algunas cosas». En cambio, dijo que con la nueva redacción «se transparenta la agilidad y la rapidez respecto a las garantías y comprende todos los delitos federales».­

En contra de la iniciativa, el kirchnerista Martín Doñate consideró que este nuevo CPP «no es más que parte de la construcción de la ingeniería judicial de persecución política». Además criticó que se hagan reformas a un Código que está suspendido.­

«Este proyecto es original del senador Urtubey pero sabemos que viene de un acuerdo con el presidente Macri y el oficialismo en el Senado», apuntó y opinó que la nueva norma «reduce las garantías de los ciudadanos, sin que esto implique necesariamente una mayor eficacia en la persecución del delito; evidencia una distorsión del sistema acusatorio; y hay una clara afectación al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal», según el portal Parlamentario.­

Por su parte, la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, recordó que el Código se sancionó en 2014 «con mayoría automática y en un tiempo récord en dos semanas. Fue a las apuradas, a las cachetadas, sin consenso», agregó y calificó como una decisión «en cierto modo inteligente» suspender su aplicación.­

Pero remarcó que el oficialismo puso «a andar la bicameral, y en algunas cosas estoy de acuerdo, pero la verdad es que metieron la mano».­