Días atrás el juez Virgilio Galanti admitió parcialmente la demanda que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y el gremio docente Agmer y estableció la nulidad -“por inconstitucionalidad e ilegalidad”- de tres artículos del Decreto Nº2.239 que regula la aplicación de agroquímicos.

Inmediatamente el campo salió al cruce del fallo y advirtió que corre peligro la sustentabilidad de muchos productores. Y ahora desde el sector rural se anunció que realizarán una protesta contra la decisión judicial.

“El martes 8 de octubre nos concentraremos a las 9 de la mañana en los Tribunales de Paraná para manifestar nuestro rechazo al fallo judicial de Galanti, que vuelve todo atrás y plantea los mil metros de distancia para fumigaciones terrestres y tres mil metros para las aplicaciones aéreas”, informó el dirigente rural Alfredo Bel.

“Los productores quieren manifestarse y hacer una tarea de esclarecimiento. Decir que hay una discriminación hacia su trabajo, que son miles los afectados y que no existe conflicto alguno entre salud y producción. Éste es un conflicto inventado a partir del fundamentalismo de grupos sectarios que llevan las cosas al extremo”, aseveró Bel.

Luego indicó que “hay casi 850 escuelas rurales y solo hay conflicto en dos o tres, pero en el resto hay una convivencia plena” y fue más allá al asegurar que, de hecho, “los propios alumnos son los hijos de los productores que ahora no van a poder trabajar”.

Fue en este marco que aseguró que “esta decisión de la Justicia va a contramano de la realidad”.

“Encima es un fallo terminante que no permite hacer nada. Ni siquiera se pueden aplicar productos de origen biológico”, acotó luego en declaraciones a esta Agencia.

Consultado por los argumentos del juez Galanti, que esgrime que el decreto transgrede derechos humanos, ambientales y de salud, Bel sostuvo: “Utiliza otra biblioteca”, una diferente a la que se usó para elaborar el decreto.

Finalmente, el dirigente de la FAA destacó el decreto del gobernador Gustavo Bordet porque “se elaboró a partir de un exhaustivo trabajo de relevamientos, de un análisis profundo de legislación comparada, de información proporcionada por organismos públicos como el Conicet, el Senasa, el INTA, y universidades, entre otros elementos”.

Vale aclarar que el Gobierno provincial el viernes pasado apeló el fallo que declara parcialmente inconstitucional el decreto y ahora la definición está en manos del Superior Tribunal de Justicia.

Fuente (APFDigital)