La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de Presupuesto 2018, que contó con el respaldo del interbloque Cambiemos, de Argentina Federal, del massismo -sólo en general- y de otros bloques minoritarios referenciados en gobiernos provinciales no oficialistas a nivel nacional. Consiguió 165 votos a favor, 64 en contra y una abstención.

El proyecto de Presupuesto 2018 obtuvo la media sanción tras casi diez horas de debate, en las que el oficialismo defendió la política económica del Poder Ejecutivo y la oposición reclamo que el texto había quedado desactualizado por la reciente votación de la ley de reforma tributaria.

En el cierre del debate, el principal referente en materia económica del Frente Renovador, Marco Lavagna, expresó su «apoyo en general a la iniciativa, aunque pidió «observar el tema de las atribuciones al Jefe de Gabinete para modificar partidas» y «tener más información en el tema de la venta de inmuebles del Estado»

Por el interbloque Argentina Federal, el salteño Pablo Kosiner, agradeció «que se haya decidido avanzar en la constitución de la Comisión de Seguimiento de la Deuda pública, tal se había pedido» desde su espacio.

Agustín Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria-PJ, cuestionó la «falta de política industrial» y el endeudamiento: «La enorme deuda que tomó este gobierno la estamos pagando ahora. Lo haces vos cada vez que pagas la luz o el gas más caro por la baja de subsidios mientras por otra ventanilla se transfieren recursos para el pago de los servicios de la deuda».

El último orador, fue el titular del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri, quien destacó que «en este 2017 no se cumplió la meta de inflación; porque las metas de inflación no se pueden alcanzar a la velocidad pautada porque habría enorme costo social. El tipo de cambio sí se cumplió, está en 18 pesos por dólar; y también se cumplieron las metas de crecimiento».

Ley de consenso fiscal

La Cámara de Diputados convirtió esta madrugada en ley el proyecto de Consenso Fiscal, acordado previamente con 23 de los 24 gobernadores en el marco de un acuerdo fiscal que, entre otros puntos, termina con la litigiosidad entre Nación y las provincias por disputas en materia tributaria.

Tras un debate maratónico se llevó a cabo la votación, la cual culminó con 145 votos positivos, 53 negativos y 20 abstenciones: Cambiemos contó con el apoyo de Argentina Federal, en tanto que el Frente Renovador se abstuvo, y el Frente para la Victoria-PJ se opuso (con la excepción de la sanjuanina Sandra Castro y la tucumana Mirta Soraire, quienes votaron por la positiva).

El aspecto medular del acuerdo firmado firmado el 16 de noviembre pasado compromete a las provincias del Interior a desistir de los juicios contra el Estado nacional por 340.000 millones de pesos, en tanto que la provincia de Buenos Aires desiste del juicio ante la Corte Suprema por el llamado «Fondo del Conurbano», por un total de 400.000 millones de pesos.

A cambio, El Estado nacional compensará al Gobierno de María Eugenia Vidal con 40.000 millones de pesos en 2018 y 65.000 millones en 2019, y además se compromete a eliminar el artículo 104 de la ley de Ganancias, que en la práctica congeló los recursos que se coparticipaban a la provincia de Buenos Aires por ese tributo.

La recompensa para los gobiernos del resto de las provincias por desistir de los juicios será un bono a 10 años por 80.000 millones de pesos.

Otro puntos del llamado «Pacto Fiscal», además del apoyo a la ya aprobada reforma previsional, tenían que ver con el compromiso de las provincias para bajar «impuestos distorsivos», como Ingresos Brutos y Sellos, por 1,5% del PBI en los próximos cinco años.

El miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina, calificó el acuerdo fiscal con los mandatarios provinciales como «histórico» ya que permitía sentar las bases para «poner punto final» a la «litigiosidad entre Nación y provincias, con 56 juicios tramitados ante la Corte Suprema sin resolución.

«El consenso permite salir del mecanismo de resolver las cuestiones fiscales Nación-provincias ante al Corte Suprema, es decir, a las piñas, por las malas, sin hablar, litigando, peleándonos en la Justicia cuando podíamos sentarnos en una mesa a resolver los problemas», destacó el diputado del PRO.

«Este es un acuerdo histórico que nos permite ponernos en una senda mucho más sustentable en materia fiscal, con una estructura tributaria mucho más alineada con el resto de los países que va a permitir sobre todo generar muchísimas oportunidades de inversión y empleo en la propias provincias», celebró.

Por su parte, al diputado del Frente para la Victoria-PJ Axel Kicillof le tocó fundamentar el rechazo de su bancada a la iniciativa: tras aclarar que respetaba la decisión de los gobernadores de defender sus propias finanzas, explicó que el kirchnerismo no podía acompañarla porque implicaba convalidar el «saqueo a los jubilados» comprendido en el mismo «Pacto Fiscal».

«Se ha llegado a una situación donde se trató de hacer cómplices a los gobernadores del ajuste a los jubilados. Los gobernadores establecieron una cláusula donde se decía que las jubilaciones tenían que estar siempre por encima de la inflación. Ahora nos encontramos que la ley previsional viola esa cláusula, de forma tal que, para nosotros, habiendo votado en contra del saqueo a los jubilados, es imposible ahora votar a favor de un acuerdo fiscal que no se cumple», argumentó.

Responsabilidad fiscal

Asimismo, Diputados convirtió en ley el proyecto de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, que establece pautas de austeridad para que las provincias mantengan constante el gasto público, en sintonía con la evolución de la inflación.

En el marco de una sesión que se extendió por más de 16 horas, y que también incluyó la aprobación de otras leyes como la del Presupuesto 2018 y la de «Consenso Fiscal», el proyecto de Responsabilidad Fiscal cosechó 159 votos afirmativos, 55 negativos y tres abstenciones.

Para la aprobación, el oficialismo contó con la ayuda de Argentina Federal, mientras que el Frente Renovador votó dividido y el Frente para la Victoria se opuso, con la excepción de la diputada sanjuanina Sandra Daniel Castro y el formoseño Gustavo Fernández Patri. .

El objetivo principal de la iniciativa es garantizar la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales en línea con la reducción del déficit que plantea la Casa Rosada al 3,2% del PBI en 2018 (como lo expresa el proyecto de Presupuesto) al 2,2% en 2019.

Entre el paquete de medidas, se estableció que el nivel de endeudamiento de las provincias y la Ciudad de Buenos Aies no supere en ningún ejercicio fiscal el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.

Se fijó además que, en caso de incumplimiento, no puedan acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que constituya un refinanciamiento del existente.

Por otra parte, el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el Sector Público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción.

Además, durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente (con algunas excepciones).

Durante el debate, el miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina (PRO), explicó que el proyecto persigue metas de «austeridad» que implican «evitar el aumento desmedido de gastos corrientes».

A su turno, el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna advirtió que, a partir de la sanción de este tipo de leyes, no hay que caer en el error de pensar que las provincias son las «culpables» de los «desequilibrios» fiscales cuando el problema principal de déficit que rige hoy en Argentina afecta a la administración central.