Aunque mucho se ha dicho sobre la futura planta de celulosa que UPM va a construir en Uruguay a orillas del Río Negro, hasta ahora casi toda la información provenía del Gobierno uruguayo, bastante vaga y en muchos casos exagerada y mentirosa. Esto cambió hace unas pocas semanas cuando la empresa finlandesa dio el primer paso para obtener sus permisos ambientales, y presentó un Informe donde por fin se develan varias incógnitas.

La información está contenida en la solicitud del llamado permiso de Viabilidad Ambiental de Localización (VAL), que es el primero paso en el proceso de evaluación del impacto ambiental que requiere el Gobierno de Uruguay. El documento fue elaborado por un grupo de técnicos de la empresa EIA (Estudio de Ingeniería Ambiental), con mucha experiencia en este tipo de tareas. Es un informe corto, de 147 páginas, al que ha accedido MAXIMA ONLINE en su totalidad y que contiene las principales características del emprendimiento, y su emplazamiento físico concreto.

Es importante comprender que este no es el estudio de impacto ambiental completo, sino que se trata de una etapa previa, donde un privado le indica al Gobierno uruguayo el sitio donde desea ubicar su proyecto, y el Estado puede evaluar si esa localización es aceptable o no. Sin embargo, esto no quita nada de importancia al Informe ya que es la primera vez que se tiene desde la empresa datos precisos sobre el proyecto para instalar su segunda fábrica de celulosa, en el vecino país.

UPM propone cinco ubicaciones posibles para su nueva planta de celulosa y su infraestructura asociada. Uno de esos lugares está en el Departamento de Durazno, a 5 kilómetros al oeste de Pueblo Centenario, sobre la desembocadura del arroyo Sauce, sobre la margen sur del río Negro. En el documento entregado por UPM a las autoridades uruguayas, no figura la localidad de Paso de los Toros, en Departamento de Tacuarembó, desmintiendo todo lo que se venía diciendo hasta ahora.

El emprendimiento proyectado incluye seis componentes principales: una planta de celulosa, una planta química similar a Kemira, instalada en la Zona Franca de UPM en Fray Bentos, aunque en forma condicional, ya que aún no han decidido si todo se preparará en este sitio o se tomarán insumos desde Fray Bentos a través de un ducto a construir, una planta de agua, una planta de tratamiento de aguas residuales con su emisario al río, un sitio de disposición final de residuos, y una caldera de biomasa.

Si finalmente se decidiera por tomar los insumos químicos que se fabrican en la planta de Kemira, UPM no solo debería construir un ducto hasta la futura planta de celulosa, sino que deberá ampliar las actuales instalaciones ubicadas en Fray Bentos. El peligro que implica el transporte de los diversos compuestos utilizados para transformar la madera en pasta de celulosa, es altísimo ya que estamos hablando de sustancias altamente inestables y de alta peligrosidad por su riesgo de explosión.

Se afectarán varios predios, y dentro de ellos se delimita una Zona Franca, la que tendrá una gran superficie: 600 hectáreas, que prácticamente es el mismo tamaño que tiene la planta urbana de la localidad de Urdinarrain.

La futura planta de procesamiento de celulosa producirá 2,1 millones de toneladas por año, y pueden aumentarla en un 11 por ciento, hasta 2,3 millones de toneladas anuales. Es casi el doble que la producción del complejo UPM Fray Bentos y supera también a la actual producción de la otra pastera en funcionamiento, Montes del Plata. La tecnología a utilizar es la llamada ‘libre de cloro elemental’, y la corporación finlandesa sostiene en su informe que seguirán las mejores tecnologías disponibles según las guías de referencia de un panel internacional que ha tratado las cuestiones de la prevención y el control integrado de la contaminación.

Una vez instalada, además de celulosa, UPM 2 producirá unos 310 mega watts de energía al año, que venderá a la empresa estatal uruguaya Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Según consta en el Acuerdo de Inversión firmado por el gobierno de Tabaré Vázquez con los finlandeses, Uruguay está obligada a comprar dicha energía a un costo de 72 millones quinientos mil dólares anuales.

La empresa indica que se cuenta con materia prima casi suficiente para alimentar la planta, por lo cual plantea un aumento de aproximadamente 60 a 90 mil hectáreas con plantaciones en un plazo de diez años. Esto significa que no están seguros de obtener toda la madera necesaria de Uruguay, además de la poca probabilidad que semejante cantidad de hectáreas puedan ser transformadas den bosques. En este punto cobra real dimensión el alcance que tiene la derogación de la denominada ‘Ley de la Madera’, que prohibía la exportación de rollizos de madera desde Entre Ríos a la industria de la celulosa, y que fue sancionada por el gobernador Gustavo Bordet por presión de la Asociación Forestal Argentina (AFOA).

A su vez, la planta consumirá todo tipo de insumos, destacándose un total aproximado de 88 mil toneladas por año de compuestos de cloro, a saber: 48 mil toneladas/año de clorato de sodio, 21,3 mil toneladas/año de dióxido de cloro y 60 mil toneladas de hidróxido de sodio.

El consumo de agua es impactante. La planta tomará un promedio de 125 mil metros cúbicos por día. O para que se comprenda mejor: 125 millones de litros de agua diarios. Tomando en cuenta que Obras Sanitarias de Uruguay establece que el promedio de consumo de agua es de es de 130 litros por persona por día, la demanda de agua de UPM 2 es equivalente a la de unas 900 mil personas. Esto significa que la futura planta de celulosa absorberá una cantidad de agua equivalente a lo que consumen todas las ciudades medianas de Uruguay, con excepción de Montevideo. Es decir: UPM será el más grande consumidor de agua del Uruguay. Y gratis.

En el contrato que firmó el gobierno uruguayo con la empresa aceptó no sólo este enorme consumo de agua, sino bajo unas condiciones llamativas: el Gobierno está obligado a concederle a la planta el flujo mínimo de agua necesaria en el río para que ésta opere, y la empresa no está obligada a pagar por ello. Esto quiere decir que, por ejemplo, en caso de una sequía, el Gobierno deberá supeditar otras necesidades a satisfacer la demanda que requiere la planta.

Buena parte de esa agua regresa al río después de cumplir su ciclo dentro de la planta, y con ella otros efluentes. Se estima que la planta lanzará al día 106,5 millones de litros (106,5 metros cúbicos), de efluentes tratados. Esto incluirá una carga diaria de 451 kg de nitrógeno total y 85 kilos de fósforo. En el caso del fósforo la empresa afirma que se mantendrá por debajo del límite exigido en Uruguay, que es de 5 miligramos por litro, y da un paso más anunciando que buscará operar a un nivel todavía más bajo (en el orden de los 2 miligramos por litro). Pero no explica cómo.

Sobre todos estos puntos delicados habrá que esperar la evaluación de impacto ambiental completa, y los estudios científicos que precisen con exactitud los efectos ambientales en suelos, agua y atmósfera. Pero las alertas son todas comprensibles, ya que las cargas de productos químicos aumentarán todavía más, y en el caso de una posible instalación a orillas del río Negro, por ejemplo, afectarán a los dos lagos de las represas Baygorria y Palmar, con todos los riesgos de estallidos de eutrofización (aparición de algas).

También hay prevista una disposición final de residuos sólidos, para los cuales se construirán dos piletas, y cada uno servirá como sumidero durante 5 años. Agregan además una tercera pileta. Aquí también es necesaria la precaución, ya que se pone tanto énfasis en las emisiones de gases y los efluentes en el agua, pero muchas veces se olvida la generación de residuos y barros tóxicos.

El documento de UPM 2 también revela otro dato muy esperado: la mano de obra durante la fase de construcción de la planta será de «unas 2.850 en promedio, con picos de 4.500». Esto deja en claro que las declaraciones hechas desde el Gobierno y por algunos sindicalistas uruguayos, mencionando la generación de 8 mil puestos de trabajo, eran una falsedad.