El sacerdote hablaba con los jóvenes que concurren al Centro de vida de la parroquia cuando al salón ingreso un hombre corpulento con paso decidido. Con la frente en alto, se paró entre los pibes, miró a los ojos al cura y le dijo en tono desafiante: «Ustedes van perdiendo, acá hay cada vez menos chicos. A mí me siguen cada vez más». Después, el hombre, que los vecinos identificaron como «el distribuidor del barrio», volvió sobre sus pasos y se alejó de la capilla tan tranquilo como cuando había entrado.

El episodio sucedió hace varias semanas en una parroquia de zona noroeste. Pero se recordó ayer en un intento por ilustrar la tensión que se vive entre las instituciones de la Iglesia Católica y las organizaciones delictivas que actúan en los barrios más vulnerables de la ciudad.

El relato sonó en medio de una reunión donde un grupo de sacerdotes, que desempeñan su tarea pastoral en las barriadas populares, manifestó su solidaridad con la comunidad de la parroquia María Reina y el colegio Paulo VI, de barrio Larrea, baleados el domingo pasado.

En un duro comunicado, una docena de sacerdotes denunciaron «la creciente tenencia de armas que se ha vuelto masiva en los domicilios y en las calles» y reclamaron que se persigan «a las organizaciones que sustentan este sistema de muerte».

El documento está encabezado por la federación Familia Grande Hogar de Dios, que agrupa a los centros barriales que atienden las situaciones de vulnerabilidad social y consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, y la campaña nacional «Ni un pibe menos por la droga».

Bajo custodia

Dos patrulleros custodiaban ayer la cuadra donde se enfrentan la escuela primaria Paulo VI y la capilla María Reina. Era el mediodía y los chicos empezaban a salir del colegio. Enfrente, en la capilla, los sacerdotes se acomodaban frente al altar para leer, un párrafo cada uno, el comunicado que describe «el drama que viven» las familias de esas comunidades religiosas.

Castricone describió que la ausencia de instituciones estatales permitió el crecimiento de organizaciones delictivas que tienen en los barrios apenas sus bocas de expendio. «El búnker es el último eslabón, pero antes de eso hay muchísimas complicidades», sostuvo al apuntar contra la policía y la Justicia, y advirtió que la actual crisis económica particularmente instalada entre los sectores populares complica aún más la situación.

«Cuando hay falta de trabajo muchos recurren a poner un quiosquito, un búnker para subsistir, y les resulta un negocio espectacular que no se da de otra forma», apuntó.

El sacerdote consideró que las políticas de Estado deben hacerse sentir en la persecución de los eslabones más altos de las economías delictivas. «Las fuerzas policiales son necesarias, te dan cierta seguridad, pero el tema no es militarizar los barrios. Creemos que la presencia del Estado tiene que estar buscando fundamentalmente a las cabezas de este sistema de narcotráfico; no con el último eslabón, como lo estamos viendo ahora», sostuvo.

Por los pibes

Los sacerdotes destacaron que en cada una de estas parroquias funcionan centros de vida y centros de niñez donde se atienden las necesidades de unos 900 niños, niñas y adolescentes. «Los jóvenes no se acercan a la Iglesia por la fe, se acercan para poder pensar en un proyecto de vida. Esas son nuestras pequeñas victorias, que un pibe pueda pensar en estudiar, en conseguir un trabajo o en formar una familia», explicaron.