El Tribunal de la Cámara de Casación Penal de Concordia escuchó al representante legal de Ramón De La Cruz Ortiz y al fiscal coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán. El defensor pide una baja en la condena o un nuevo juicio, mientras que el otro solicitó que se confirme el fallo de primera instancia.

Ramón De La cruz Ortíz está detenido desde el 11 de julio de 2017 y pasó más de un año del día que el juez Mauricio Derudi leyó la sentencia que lo condenaba a la máxima pena del Código Penal Argentino: la prisión perpetua.

Para la Justicia de Gualeguaychú quedó probado el hecho que fue imputado por los fiscales Martín Gil y Lisandro Beherán y la modalidad del crimen. Ortiz «esperó el momento oportuno, en una zona alejada de habitantes y poco transitada, donde a Susana Villarruel le resultara imposible una defensa, pedir ayuda o escapar». «La atacó deliberadamente buscando y aprovechando la situación de indefensión, la agredió y apuñaló hasta dejarla sin vida, para luego ocultar el cuerpo en la maleza para que no sea fácil su localización para luego salir huyendo del lugar del crimen», leyó Derudi entre algunos de los argumentos en los que se basó el Tribunal.

En el juicio quedó acreditado que el fallecimiento ocurrió el 10 de julio de 2017, a consecuencia de las múltiples heridas punzo cortantes ocasionadas, que le produjeron un shock hipovolémico y lesión cerebral. También quedó comprobado el lugar geográfico donde fue atacada mortalmente Susana Villarruel, sobre la vereda oeste de Av. Julio Irazusta, a unos 70 metros hacia el punto cardinal norte de la cabecera norte del puente sobre el Arroyo del Cura.

Si bien es cierto que no se contó con testigos presenciales del ataque, ni con otra prueba directa que demuestre que el hecho fue cometido por Ortiz, la Investigación Penal Preparatoria (IPP) reunió un caudal de pruebas suficientes, que permitieron acreditar «certeramente la intervención del imputado en el hecho».

La correcta valoración de los indicios llevó inexorablemente a la conclusión de la culpabilidad de Ortiz como la única racionalmente posible en el marco de la prueba producida. Se valoró la denuncia efectuada por el mismo imputado en Comisaría Octava, casi a la medianoche del día 10 de julio, refiriendo falazmente haber dejado a Susana en la parada de colectivos, lo cual quedó desvirtuado. Ortiz fue la última persona que estuvo con Susana Villarruel en vida, y que necesariamente debieron pasar juntos por el lugar del ataque, en el horario en que fue letalmente agredida.

Los elementos que eran propiedad de Susana Villarruel, que llevaba al momento de ser atacada, y que fueron hallados en la vivienda que Ortiz habitaba, fueron los indicios claves de la investigación. Su teléfono celular y la tarjeta de cobro de la Asignación Universal por Hijo, que ese mismo día en que la mató, Ortiz la utilizó para extraer dinero de uno de los cajeros del Banco de Galicia, sirvieron como prueba fundamental.