La medida ya había sido anticipada esta semana por el presidente Alberto Fernández durante un acto celebrado en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno y que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; las diputadas que impulsaron la ley como Carolina Gaillard y Mara Brawer, del Frente de Todos, y referentes del sector, entre ellos representantes de Mamá Cultiva, como Valeria Salech.

En ese contexto, el jefe de Estado resaltó que la promulgación de la norma es «otro triunfo de la sociedad contra la hipocresía». «El cannabis era para gran parte de la sociedad una palabra prohibida y de pronto empezamos a escuchar a unas madres que decían que hacía más llevadera la vida a sus hijos con problemas de salud», transmitió en el acto del martes pasado.

Al momento de anunciar la promulgación de la ley, Alberto Fernández explicó que se trata de «una ley que ha sido el resultado de un gran consenso». «Primero del consenso de quienes demandaron la ley, que se organizaron, llegaron a las autoridades y dijeron ‘necesitamos una ley que deje de obligarnos a tener que tener plantas -aunque algunos pueden seguir teniéndolas- para producir el aceite para nuestros hijos'», agregó.

Y luego continuó: «Dijimos ‘¿Por qué no ponemos este tema en el Consejo Económico Social para que todos opinen?’ e hicimos una ley mejor. Con el aporte de los que la demandaban y los que entendían como podía ponerse en funcionamiento. Y después hubo que ir al Congreso, donde se impulsó y convirtieron eso en ley».

Según el Presidente, con esta legislación, la Argentina da «un paso muy importante en términos industriales, farmacológicos y en la salud».

La Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial
La ley establece el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional ya sea con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal como así también la investigación científica, y el uso industrial.

La Cámara de Diputados sancionó la ley a principios de mayo con 155 votos a favor y 56 en contra. Entre los que rechazaron la propuesta hay legisladores que lo consideran como un paso hacia la legalización de la marihuana.

De acuerdo a lo pronosticado por el Presidente, hacia 2024 el mercado internacional de cannabis alcanzará los US$ 42.700 millones, y los productores argentinos “podrán competir con muchos” que hoy ya están lanzados en esta industria.

La normativa viene a complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

La Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial promulgada este jueves crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que funcionará dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, y será la encargada de otorgar las licencias para la producción industrial del cultivo.

Este organismo público descentralizado tendrá como función regular -entre otras- la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.

Asimismo se indicó en la normativa que la agencia será dirigida por un directorio integrado por 5 miembros con rango y jerarquía de secretario de Estado y serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo nacional.

El presidente del organismo será propuesto por el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Vicepresidente por el Ministerio de Salud, y los restantes miembros del Directorio serán propuestos por los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia, Tecnología e Innovación; y Seguridad.

El tiempo de duración de los mandatos será de 4 años con posibilidad de ser reelegidos por única vez.

Asimismo se impulsa la creación del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Este consejo deberá sugerir criterios de distribución y concesión de autorizaciones a nivel federal y pronunciarse sobre el otorgamiento de las mismas.

Puntualmente, el objetivo de la norma es brindar un marco legal para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal.