Fuentes oficiales revelaron que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio, pondrá en marcha en los próximos meses un mecanismo que contempla la cancelación de pagos a los contratistas de las obras de manera directa por parte del Estado, sin la necesidad de pasar por las provincias.

De este modo, la Casa Rosada dio un fuerte golpe de timón, no sólo en términos económicos, sino también políticos, ya que dejará a los gobernadores sin el control de uno de los presupuestos más jugosos del Tesoro, que este año rondará los $ 19.000 millones.

Precisamente, para amortiguar ese impacto, el cambio se haría después de las elecciones de octubre.

Hasta ahora, los institutos provinciales de la vivienda, bajo el control de las gobernaciones, definen junto con el Ministerio del Interior los proyectos a realizar en cada uno de los distritos. En algunos casos también tienen una participación importante los municipios. Es lo que ocurrió en el último tramo de la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Por la desconfianza que le tenía la entonces presidenta, Cristina Kirchner, el Estado giraba los fondos a los jefes comunales.

Los cambios que espera concretar el Gobierno mantienen un rol importante para las provincias en la definición de las obras, pero no en el manejo del dinero.

Una vez que los fondos para pagar obras entran a las arcas provinciales, los gobernadores tienen un alto grado de discrecionalidad para definir el destino de ese dinero. Si bien hay controles de la Nación, es habitual que una provincia que enfrenta una emergencia económica o financiera use los recursos que le giró la Nación para pagar gastos corrientes antes que para cancelar una porción de las cuotas por el avance de las obras.

Hace tres semanas una comitiva de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) se reunió con colaboradores de Frigerio y les extendió una propuesta informal, sin membrete de la entidad. El documento está bajo estudio, si bien la decisión política de avanzar en esa línea ya había sido tomada.

Una fuente empresaria que suele visitar la Casa de Gobierno justificó la decisión desde la mirada oficial: «Esto les da mayor seguridad de que las obras se ejecuten», resumió.

Para los empresarios también es un avance importante, ya que no sólo acorta los tiempos entre que se extiende un certificado de avance de obra y la constructora recibe el dinero, sino que también evita gestiones con las provincias para allanar el cobro.

La urgencia de las provincias es antagónica con los intereses de la Casa Rosada. Cada vez que eso ocurre, la constructora demora el avance de las obras, por lo que no se cumplen los plazos originales previstos.

Mayores costos

Además de incumplir las metas a las que el Gobierno se comprometió por escrito, por ejemplo, a través de la ley de presupuesto, la ralentización de los pagos lleva a que el Estado deba pagar mayores costos por el mismo paquete de viviendas.

Es algo que en diversas reuniones hizo notar el propio Mauricio Macri, con experiencia en el mundo de la construcción tras su paso por Iecsa y Sideco, las empresas familiares que se convirtieron en unas de las más grandes del rubro en el país. Más aún: como la compañía constructora descuenta desde el principio que el Estado (nacional o provincial) se demorará en los pagos, puede preferir ensanchar su presupuesto original para cubrir esa morosidad.

La modalidad de pago directo del Estado a las empresas tiene otros beneficios para la Casa Rosada, según la mirada de quienes trabajan en la iniciativa. Un funcionario que suele sentarse con frecuencia a la mesa chica del Presidente lo puso en los términos que suelen usar los economistas: como el dinero es fungible, es muy difícil rastrear su destino (la denominada trazabilidad) una vez que sale de la contabilidad del Estado e ingresa en las arcas provinciales.

Algunas gobernaciones hicieron un culto de esas dificultades. Aunque el año pasado la Secretaría de Vivienda y Hábitat cambió la norma, regía un mecanismo por el cual las transferencias nacionales de diversos rubros, desde el pago por un complejo de viviendas hasta la construcción de un puente o la cancelación de otra clase de deudas a los distritos provinciales, caían en la misma cuenta bancaria. Eso hacía casi imposible corroborar el destino de los fondos.

Cambios después de las elecciones

El Gobierno avanzará con la medida en los próximos meses, pero no la aplicará antes de las elecciones, posiblemente para evitar un choque adicional con los gobernadores antes de ir a las urnas.

Tanto las empresas como los funcionarios nacionales comenzaron a afinar un discurso para usar de escudo ante eventuales críticas: el mecanismo de pago sin intermediación de las provincias ya funciona en el caso de las obras hídricas.

Después de las dificultades del año pasado (la construcción fue el sector donde se destruyó el mayor número de empleos), las empresas y el Gobierno parecen haber encauzado su relación hasta un punto sin fisuras.

Hace dos semanas, la administración de Macri lanzó un plan para invertir $ 100.000 millones en los próximos cuatro años con vistas a construir 120.000 nuevas viviendas sociales, reurbanizar las 505 comunidades más vulnerables del país y con subsidio para construir o mejorar otras 456.000 unidades.