La titular del STJ opinó que el 2×1 para genocidas «es un beneficio que no corresponde desde ningún punto de vista, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de delitos imprescriptibles».
«A mi modo de ver, es un grave error del voto de la mayoría. Desde el punto de vista jurídico y, sin ahondar, también lo es desde un punto de vista político», subrayó la doctora Claudia Mizawak, máxima autoridad de la Justicia entrerriana.
Detalló que «desde el punto de vista jurídico, cita precedentes que no son similares, como el precedente de ‘Arce'».
Mizawak señaló que «el 2×1 es una ley que estuvo vigente entre los años 1994 y el 2001, que fue derogada», y que otorga «un beneficio procesal».
El precedente ‘Arce’ especifica que no es determinante si el imputado estaba detenido o no cuando regía aquella norma. Para la titular del STJ ese precedente «ni siquiera es aplicable al caso».
En tanto, remarcó que «desde el punto de vista del derecho internacional, y del derecho internacional de los derechos humanos, es un retroceso enorme para la Argentina».
Aseguró que «Argentina en el mundo estaba muy, pero muy bien considerada por su política sistémica en materia de derechos humanos en los últimos años, por haber enjuiciado con todas las garantías a los genocidas, es decir, con debido proceso, con derecho de defensa. Podemos decir que los genocidas, en la Argentina, tuvieron juicios con todas las garantías».
Mizawak sostuvo que el 2×1 «es un beneficio que no corresponde desde ningún punto de vista. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de delitos imprescriptibles».
Además recordó que «algunos jueces que firmaron el voto de la mayoría, son los que dijeron que eran imprescriptibles. Y ahora no explican ni motivan este cambio de opinión».
En declaraciones periodísticas, la presidenta del Superior Tribunal entendió de todos modos que este fallo no tendrá repercusión en las justicias provinciales.
«En los tribunales ordinarios no tenemos ninguna competencia», señaló. Pero acotó: «Me pregunto qué pasará en los tribunales orales federales, que todavía están juzgando y tienen dispuestas prisiones preventivas en juicios de lesa humanidad».