Sigue recolectando rechazos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplicó el dos por uno a un represor condenado por crímenes de la dictadura, a pesar de que se trata de una herramienta procesal que rigió en un período en que estaban libres y sin proceso judicial, durante la vigencia de las leyes de impunidad.
A la concentración que realizaron el jueves los organismos de derechos humanos se sumaron expresiones de magistrados, funcionarios judiciales y abogados, que se manifestaron en contra del criterio del máximo tribunal que consideró aplicable el dos por uno como «ley penal más benigna» para un represor de la dictadura.
Las críticas llegaron desde distintos sectores, desde el gobernador, hasta la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pasando por organismos estatales, legisladores nacionales y provinciales, entre otros.
Las personas que recibieron condena en Entre Ríos, represores e involucrados en el robo de hijos de desaparecidos podrían verse beneficiados, podrían quedar en libertad si la Corte Suprema hiciera extensivo el nuevo criterio que declaró aplicable el dos por uno para la prisión de un condenado por delitos de lesa humanidad.
Entre los abogados que llevan adelante querellas por delitos de lesa humanidad las sensaciones fueron de indignación y desconcierto.
Ana Lucía Tejera dijo sin ambages que «el fallo es bastante difícil de explicar en lo jurídico, no así en lo ideológico, porque se enmarca en el pedido de reconciliación que hizo la Iglesia Católica cómplice de la dictadura y en el fallo de la misma Corte Suprema que establece que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no son vinculantes para la Argentina, cosa que también repudiamos. De manera que este no es un fallo aislado, sino en el marco de algo pensado previamente».
También el coordinador del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens, manifestó su «enérgico repudio» al fallo del máximo tribunal; dijo que «viene a sembrar nuevamente la inseguridad jurídica echando por tierra doce años de jurisprudencia pacífica» y lo calificó como «una medida eminentemente política, jurídicamente arbitraria, no ajustada a derecho y éticamente reprochable».
En el mismo sentido, José Iparraguirre, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, no dudó en calificar el fallo como «vergonzoso» y «claramente inconstitucional porque representa una afrenta directa a los pactos internacionales que expresamente prohíben el otorgamiento de cualquier tipo de beneficio como indulto y conmutación de penas» para acusados por crímenes de lesa humanidad.