Harán peritajes en tres teléfonos en el marco de la causa en la que fueron detenidos la semana pasada cinco dirigentes de UPCN. El exministro Ariel de la Rosa deberá declarar el jueves, imputado por el delito de coacción simple.

Con el peritaje de las llamadas y los mensajes de tres teléfonos pertenecientes a dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Entre Ríos, continuará la investigación penal preparatoria en el marco de la causa por amenazas y presiones a la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero. Por el hecho habían sido detenidos Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio; Carina Domínguez, secretaria gremial de la organización; José Zarza; Guillermo Barreira y Zunilda Suárez. A Zarza, Domínguez y Suárez se les imputó el delito de coacciones agravadas; y a Monzón y Barreira, amenazas en concurso ideal con resistencia a la autoridad. Luego de audiencia de flagrancia realizada el viernes, el juez de Garantías rechazó el pedido de ampliación de prisión preventiva para los imputados, y en cambio, dictó la prisión domiciliaria para Monzón, Zarza y Barreira, mientras que dispuso la libertad de Domínguez y Suárez.

Hacia el final de la semana anterior se conoció la imputación contra el ahora exministro Ariel de la Rosa, quien está citado el jueves a las 16 para prestar declaración indagatoria. Se lo imputa por el delito de coacción simple.

La Fiscalía tratará de establecer la responsabilidad de De la Rosa en dos hechos, el primero ocurrido el martes, cuando en forma telefónica le habría exigido a la directora del nosocomio la reincorporación de la enfermera Migueles. La delegada gremial de UPCN había sido cesanteada luego de la finalización de su contrato el 1 de junio. El segundo hecho se produjo el miércoles cuando el grupo de dirigentes gremiales llegó a hasta Diamante para reclamar en forma desmedida la reincorporación de la trabajadora.

«De la Rosa habría actuado en forma conjunta con los representantes gremiales, a quienes les entregó una resolución administrativa del Ministerio de Salud que disponía la reincorporación de Migueles», se indicó en la acusación pública.

Según informa diario Uno, la medida solicitada por los fiscales Gamal Taleb -reemplazó a Gilberto Robledo, de licencia- y Laureano Dato fue concedida por el juez de Garantías, Julián Vergara, permitirá establecer si existieron comunicaciones entre los sindicalistas y alguna autoridad administrativa o política que pueda estar vinculado con la causa.

Los equipos que fueron secuestrados el mismo día en que el grupo de allegados a UPCN se presentó en el hospital neuropsiquiátrico y fueron detenidos por una disposición de la Unidad Fiscal de la Ciudad Blanca. Los equipos fueron enviados al Gabinete de Informática Jurídica de la Procuración, una repartición que está a cargo de todos los peritajes de teléfonos y computadoras de la provincia.

Para esta semana también está prevista la declaración de siete testigos. Dos de ellos podrían aportar datos respecto de las amenazas recibidas por la directora, ya que habrían presenciado los incidentes en el hospital diamantino. En forma extraoficial se pudo saber que alguno de los testigos podría haber escuchado el diálogo telefónico entre el ex ministro y la denunciante. Por estos días los fiscales escucharán a cada uno de ellos, de acuerdo a como se vayan coordinado las citaciones durante la semana.

Testigos propuestos por la defensa
Uno de los abogados defensores de los gremialistas de UPCN, Marcos Rodríguez Allende, informó a diario Uno que la intención es explicar cómo sucedieron los hechos durante la semana previa a los incidentes. «La medida estaba legítimamente autorizada en base a actuaciones administrativas, donde se le ordena a la directora que debía restablecer en sus funciones a Migueles», explicó. Una de las personas que estaba en conocimiento de este procedimiento -acotó Rodríguez Allende- era el Director de Asuntos Jurídicos, Víctor Berta. Dijo que la comisión directiva había convocado el miércoles a una asamblea en Diamante, la cual se informó a la secretaría de Trabajo. Tanto Berta, Balla y los periodistas que cubrieron la actividad, serán propuestos como testigos.